Al final, como se preveía, serán los consumidores los que se hagan cargo de costear la retirada y eliminación de las harinas animales a partir del 1 de enero próximo. Tanto responsables de las grandes superficies, como los operadores de los mataderos y la distribución mayorista del sector cárnico acordaron ayer, tras una reunión, trasladar al precio final que paga el consumidor el coste que supone destruir estos materiales de riesgo.
Los representantes del sector señalaron que no les queda más remedio que incrementar los precios de la carne ya que el Gobierno ha descartado que siga habiendo subvenciones públicas para ello como en este ejercicio, a causa de la crisis de las vacas locas.
La propuesta del Ministerio de Agricultura es elevar el precio final de cada kilo de carne en su tramo minorista, es decir, en la venta al público, en cinco pesetas, de forma que el coste se reparta entre todos los consumidores y no vaya a parar al otro extremo de la cadena comercial, los ganaderos, que han sido durante el último año los más afectados por este conflicto.
El Ministerio podría aprobar una orden ministerial en la que se establecería este sistema, sobre el que pesan serias dudas por su carácter de tasa encubierta sobre la venta de carne, según advierten fuentes del sector. Es más, los industriales y distribuidores de la carne advierten que la subida puede utilizarse por algunos segmentos de este negocio como arma comercial para aplicar ofertas o promociones y desestabilizar un negocio ya de por sí variable y en el que los precios cambian cada semana.
Fin de las ‘vacas locas’
El Ministerio de Agricultura dio por cerrada la crisis provocada por la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) cuando ha pasado un año desde su aparición. Asimismo, advirtió que mantendrá las funciones de vigilancia y control que le son propias, así como las bonificaciones a los seguros que se establezcan para garantizar la retirada de los materiales específicos de riesgo (MER), pero no sufragaría los 26.000 millones de pesetas, a medias con las comunidades autónomas, que ha costado la retirada del mercado de las harinas animales a que dan lugar esos MER.
La pretensión del Ejecutivo es que ese pago adicional se aplique en el sector minorista, sobre todo en las grandes superficies, y que el consumidor esté informado en todo momento, dado que la eliminación de las harinas animales es una medida que puede quedar sin efecto si la UE levanta en medio año su prohibición para elaborar piensos.
