La Unión de Consumidores de Asturias denuncia a la Asociación Europea de Derecho y Equidad

Señala que el arbitraje se impone con «cláusulas abusivas»
Por EROSKI Consumer 19 de julio de 2002

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha presentado una denuncia ante la Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado contra la Asociación Europea de Derecho y Equidad (AEDE) y las empresas que incluyen su arbitraje.

Según informó ayer el presidente de la UCE en Asturias, Dacio Alonso, entre las empresas denunciadas figura Vodafone (anteriormente Airtel), por incorporar a sus contratos una cláusula «abusiva» denominada «arbitral», por la que, a juicio de la organización, «engaña» a los consumidores con un modelo de resolución de conflictos contrario a sus derechos.

La UCE denuncia que ha detectado que algunas empresas, especialmente distribuidoras de telefonía móvil, en casos de conflicto obligan al consumidor a someterse al arbitraje de una empresa privada llamada Asociación Europea de Derecho y Equidad.

En opinión de la Unión de Consumidores, el arbitraje que lleva a cabo la AEDE no respeta la normativa vigente y las diferencias con el sistema institucional de arbitraje de consumo son muchas.

Entre estas diferencias, Alonso destacó que el arbitraje de consumo depende de la administración competente en cada caso mientras que la AEDE «es una empresa privada» que al contrario de la anterior que es gratuita, repercute sus gastos en el consumidor.

Imposición

Asimismo, la UCE denunció que este órgano arbitral «se impone al consumidor a través de «cláusulas abusivas» mientras que el arbitraje de consumo es un procedimiento voluntario.

Otras de las diferencias entre ambos organismos reside en el hecho de que en la AEDE hay un único árbitro, «la Junta arbitral que resuelve en consumo es de composición tripartita» y que en el primero el lugar de celebración es preferentemente el domicilio del consumidor mientras que de ser requerido por la AEDE éste se tiene que desplazar a Madrid donde se encuentra su sede. Su laudo, además se protocoliza a través de un notario, con los consiguientes gastos para el consumidor.

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