Los 45.000 alumnos de los 74 centros propios de la academia Opening en España tampoco comenzarán las clases de inglés el lunes. «Hoy puedo decir que el lunes no vamos a poder reabrir los centros, pero sí que vamos a agotar todas las posibilidades para hacerlo en una semana o en dos», dijo ayer el director general de la empresa, Rafael Maciá, precisando que esta última posibilidad esta sujeta a lograr una inversión de 6 millones de euros. Mientras, las franquicias, que cuentan con otros 40.000 usuarios, pretenden desligarse de la empresa y seguir abiertas.
Según explicó Maciá, los centros de enseñanza de inglés Opening se encuentran en «situación crítica», sin suministro de agua y luz, tras haber presentado suspensión de pagos a finales del pasado mes de julio, con una deuda financiera de cerca de 30 millones de euros. Para poder abrirlos en el menor tiempo posible, añadió, «necesitamos una inversión de 6 millones de euros». Con este objetivo, Opening mantiene conversaciones con entidades financieras y con el Instituto Catalán de Finanzas, por ahora infructuosas.
No menos incierto es el futuro de los 45.000 alumnos de los 74 centros propios de Opening. «Primero nos dijeron que cerraban por vacaciones y que las clases se reanudarían el pasado lunes 26. Cuando acudimos al centro, había un cartel que indicaba que permanecería cerrado una semana más por problemas técnicos»», cuenta Gustavo, uno de los alumnos de la academia en Parla, Madrid, que se encuentra ahora con una deuda de 1.400 euros, correspondiente a veinte meses de clases, de los que sólo ha recibido un mes y medio. En cuanto a los 40.000 alumnos de las 59 franquicias de Opening en España, sus perspectivas son algo mejores, ya que la mayoría de estos centros ha expresado su voluntad de desvincularse de la empresa y seguir prestando servicio a sus usuarios.
El sistema de Opening y de otras academias de idiomas -que abanderan la enseñanza personalizada a adultos en tiempo récord, con material multimedia y flexibilidad de horarios- consiste en la contratación de un crédito con una entidad bancaria para financiar los cursos. Los precios dependen de los meses que el usuario necesite, según la estimación del centro, para alcanzar un determinado nivel de inglés de los 13 que instaura su método de aprendizaje. La factura puede alcanzar los 2.500 euros. Así, cerca de 45.000 alumnos, a los que, desde Opening, se pide paciencia, se quedan ahora sin servicios pero con un crédito a cuestas.
Continuar con el pago
Los portavoces de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) y de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), consideraron ayer difícil que los alumnos puedan recuperar su dinero, ya que la deuda de Opening afecta también a los proveedores, los primeros que habría que indemnizar en caso de que un juez así lo decidiese.
Asimismo, recomendaron a los afectados continuar con el pago del crédito contraído con las diversas entidades financieras, para evitar que éstas se querellen a su vez por impago contra los afectados. En este sentido, fuentes del Banco Santander Central Hispano señalaron ayer que los estudiantes de Opening tendrán que seguir pagando los créditos firmados con la entidad, ya que se trata de un préstamo similar al que se concede para la compra de un vehículo, que «si te lo roban, sigues pagando el coche».
Mientras, la CECU y la OCU estudian la posibilidad de emprender acciones legales colectivas para que los afectados puedan recuperar el coste de los cursos a los que no van a poder asistir. «Su situación es realmente grave ya que se han suspendido los servicios y ellos están cautivos de un préstamo», dijo ayer José María Múgica, portavoz de la OCU. Además, recordó que los alumnos han firmado «créditos vinculados», por lo que «una vez que se ha suspendido el contrato principal con Opening, debería suspenderse automáticamente la financiación», aseguró.
Antecedentes
El caso de Opening no es el único en nuestro país. La academia de idiomas Wall Street Institute, con un sistema de enseñanza y de pago muy similar, ha dejado en la calle desde el mes de febrero a 7.000 alumnos tras el cierre de 28 franquicias del grupo en toda España.
La empresa propuso a sus clientes continuar las clases en otros centros, pero la mayoría de ellos no aceptaron y exigieron la devolución de su dinero, mientras que las entidades de crédito que financian los cursos les instaron a seguir pagando.
Los responsables de Wall Street Institute afirmaron que el grupo no tiene responsabilidad legal alguna en el cierre de estos centros al tratarse de franquicias y sugirieron tres soluciones para compensar a los afectados: el cambio a otras academias del grupo, abrir centros de servicios alternativos, o facilitar material de estudio. Sin embargo, las asociaciones de consumidores critican la falta de información al contratar los cursos.
