El Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores

Un aspecto significativo del texto es la equiparación de los requisitos para darse de alta y de baja en los contratos
Por EROSKI Consumer 29 de marzo de 2006

Numerosas organizaciones de consumidores, como la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Organización ce Consumidores y Usuarios (OCU) o la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), han expresado su satisfacción por la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

El Gobierno ha remitido a las Cortes Generales este proyecto de ley que modificará la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), de 1984, e introducir mejoras que permitirán una mayor defensa de los derechos de los consumidores. Las asociaciones hacen un llamamiento a los grupos parlamentarios para que agilicen en lo posible la tramitación de esta ley.

Equiparación de requisitos

Entre las modificaciones legislativas más esperadas se encuentra la de acabar con ciertas prácticas abusivas muy frecuentes por parte, por ejemplo, de determinados operadores de telefonía y otros servicios de suministro. Concretamente aquellas que ofrecen todo tipo de facilidades para cursar el alta como cliente pero que imponen numerosas trabas y penalizaciones para cambiar de compañía o darse de baja.

Así, un aspecto significativo del proyecto de ley es la equiparación de los requisitos para darse de alta y de baja en los contratos. Además, en los contratos se equipara el concepto de cláusula abusiva al de práctica abusiva.

Una vez que la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios sea aprobada en el Congreso y el Senado, estas prácticas perjudiciales para los consumidores, tan extendidas sobre todo en los sectores de la telefonía e Internet, pasarán a considerarse como cláusulas abusivas.

Cláusulas abusivas

La prohibición de los redondeos al alza, así como la del cobro por minuto u otra fracción horaria, sobre todo en los aparcamientos y en la tarificación de la telefonía móvil, era otra de las reivindicaciones de las organizaciones que contempla el proyecto de ley. Se estima que sólo el redondeo de móviles supuso en 2004 un ingreso extra para las compañías de 1.385 millones de euros.

Cualquier cláusula que estipule el cobro de productos o servicios no consumidos quedará expresamente prohibida. El redondeo al alza no solo se prohíbe en el precio sino también el tiempo invertido o utilizado. También se exigirá que las tarifas, horarios y normas de uso, por ejemplo en los parking, se facilite de manera previa.

Respecto a la compra-venta de viviendas se dará solución a cuestiones como la subrogación obligatoria del crédito propuesto por el promotor y se aprobará la prohibición de trasladar determinados tributos que correspondan al vendedor.

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