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Siniestralidad laboral y compensaciones inmediatas

Las familias de las víctimas que han sufrido accidentes laborales suelen optar por las compensaciones en metálico antes de sumergirse en engorrosos procesos penales

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Apenas el 20% de los accidentes laborales mortales o muy graves ocurridos durante el año 2006 acabaron en los tribunales, según datos de la Consejería de Empleo, lo que supone un 7% más que en 2005, pero indica una escasa presencia de este tipo casos de siniestralidad laboral en los juzgados. De manera que las familias de las víctimas que han sufrido accidentes laborales suelen optar por las compensaciones en metálico antes de sumergirse en engorrosos procesos penales. Además de que estas indemnizaciones son inferiores a las que corresponderían después de un juicio, esta decisión puede implicar una reducción de alrededor de un 50% en las pensiones de retiro por accidente. ¿Por qué las familias o los afectados optan por la compensación inmediata? Los dilatados tiempos de la justicia y los costes en abogados son las principales razones que explican esta decisión.

Indemnizaciones inmediatas, aunque de menor cuantía

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Desde el punto de vista de los trabajadores, uno de los factores que explica este fenómeno es la demora judicial en su resolución, que puede ser desde cuatro años a partir de su inicio. Esto, sumado a la cantidad de peritajes y pruebas que deben realizarse, deriva en la complejidad y durabilidad de los procesos y, en consecuencia, en que las familias o los afectados se vean desalentados a llevar adelante el juicio. Además, se debe tener en cuenta que los costes de los abogados corren, en principio, por cuenta del trabajador.

Los costes de los abogados corren, en principio, por cuenta del trabajador

Así, ante la perspectiva de un resarcimiento inmediato ofrecido por la empresa para evitar el juicio, la vía judicial es descartada en la mayoría de los casos, sobre todo si la empresa ofrece la resolución “más rápida”. De esta manera, se estima que alrededor del 90% de los conflictos se resuelven por esta última vía, mientras que con una resolución judicial desfavorable para la compañía podrían acarrearle un pago mayor de la indemnización; desde sanciones penales hasta inhabilitaciones para continuar llevando a cabo su actividad. Por lo tanto, aunque aceptar una oferta inicial por parte de la empresa no debe descartarse de antemano -con el debido asesoramiento profesional-, la imposibilidad de negociar la cuantía total y final de la pensión es una desventaja importante que debe tenerse en cuenta.

Consecuencias para el trabajador

Cuando se produce un accidente laboral grave, que deviene en la muerte o invalidez del trabajador, éste tiene la posibilidad de gozar de dos derechos fundamentales: por una parte, de la indemnización por daños y perjuicios y, por otra, del pago por parte de la Seguridad Social (SS) de una pensión.

El primer paso es la realización de un trámite administrativo que facultará a la mutua o a la Seguridad Social a pagar una pensión al afectado

En el momento del accidente se levanta un acta judicial por la que se solicita la intervención de un fiscal y un juez, que comenzarán la etapa preliminar de la investigación para el juicio posterior. El primer paso es la realización de un trámite administrativo que facultará a la mutua o a la Seguridad Social a pagar una pensión al afectado. Posteriormente, el empleado podrá contratar a un abogado por medio de su sindicato o de manera particular, que será quien lo represente en el pleito para determinar el grado de irresponsabilidad de la empresa -si es que la hubo-, y fijar una suma indemnizatoria y los posibles recargos futuros en la pensión que le corresponderá finalmente.

Si el trabajador acepta una oferta de compensación inmediata, el problema es que se anula la vía judicial civil y social, y el conflicto se da por terminado, aun en los casos en que podría continuar por la vía penal debido a las graves faltas cometidas por parte de la empresa. Tal situación le impide al asalariado discutir la suma total de su pensión porque pierde el derecho a percibir el recargo que puede determinar la inspección laboral del Ministerio de Trabajo en la investigación. Esto se debe a que, mientras que la pensión depende de su cotización, la suma del recargo se calcula en función del informe que hagan los inspectores cuando hay responsabilidad por parte de la empresa en el accidente, una práctica que sucede únicamente en caso de que el pleito siga su curso.

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