Frenar los efectos del cambio climático en la agricultura y en la ganadería, que serán más evidentes para las producciones de España y de otros países del sur, es el cometido de las medidas de «ajuste» que ha propuesto la Comisión Europea.
Tras analizar los efectos potenciales que puede tener el calentamiento global en la agricultura de todas las zonas comunitarias, Bruselas sitúa a un grupo de países del «sur y del sureste» de la Unión Europea (UE), en el que figura España, entre los que más pueden sufrir los problemas derivados del empeoramiento del clima.
Concretamente, la Comisión augura una reducción de las precipitaciones en la Península Ibérica, que pueden caer un 40% a finales de este siglo, con el consiguiente descenso de los rendimientos y posibles problemas de abastecimiento alimentario, así como el incremento del déficit de agua. En 2050 puede ocurrir que las condiciones para producir ciertos cultivos, como los de primavera, se «desplacen de las regiones del sur a latitudes más al norte».
El Ejecutivo comunitario plantea así una serie de propuestas destinadas a frenar los efectos del calentamiento del planeta sobre el sector agrícola, como la mejora de la gestión del agua o la elección de cultivos más resistentes. En cuanto al uso del agua, insta a los países a mejorar la gestión de suelos y las técnicas de riego o reciclado. Respecto a la ganadería, sugiere la adaptación de las dietas de los animales o la cría de especies más tolerantes al calor. Y es que la falta de agua hará escasear más los pastos, sobre todo en las zonas mediterráneas.
Freno a la desertización
Los agricultores españoles y de otros países deben actuar con medidas como rotaciones más equilibradas de cultivos, la introducción de producciones que requieran menos agua o la conservación de materia orgánica en los suelos, señala la Comisión, que pretende de este modo evitar los efectos «más dramáticos» y frenar la desertización.
Los países tienen que motivar a sus agricultores para «adaptarse» a la nueva situación climatológica, aconseja el Ejecutivo comunitario, y añade que los gobiernos deben preparar planes nacionales para el sector agrícola y de una manera más específica identificar zonas «vulnerables». Considera además necesario revisar las épocas de siembra o de los tratamientos contra las plagas, que según las previsiones serán cada vez más frecuentes.
