La conservación del medio ambiente depende en gran medida de la Unión Europea, ya que sus responsables crean las leyes que afectarán al resto de las legislaciones medioambientales de los Estados miembros. Además de votar, los europeos tienen otra forma activa de participar en esta institución: denunciar problemas que afectan a su entorno natural. La Comisión de Peticiones es uno de los instrumentos de denuncia que se encuentran al alcance de todos los consumidores, y los españoles destacan entre los ciudadanos más activos de la UE en cuanto a su utilización.
Imagen: ElPlanB
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) es una de las vías de denuncia más directas para los consumidores. En concreto, puede hacer uso de este procedimiento cualquier ciudadano de la UE o residente en la misma, y ya sea de manera individual o en asociación con otros, así como cualquier empresa, organización o asociación con sede social en la UE.
España origina un 20% de las denuncias medioambientales que llegan a la Comisión de PeticionesEsta comisión estudia las peticiones de los ciudadanos sobre cualquier asunto de interés público o privado, siempre que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la UE. Las denuncias relacionadas con el medio ambiente son cada vez más numerosas: durante 2008 se recibieron desde todos los países miembros un total de 309 peticiones relacionadas con el medio ambiente, de un total de 1.886. España es uno de los países más activos en este ámbito, ya que según datos de la propia comisión, origina un 20% de las denuncias medioambientales que llegan a la comisión de peticiones.
En cuanto a las características de las peticiones más comunes relacionadas con el medio ambiente, destacan las que afectan a la normativa europea, como la directiva de las aves (BIRDS), el tratamiento de aguas, la red Natura 2000 o normas sobre contratación pública.
La petición puede ser una solicitud particular, una queja u observación relativa a la aplicación del derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que se posicione ante un asunto concreto. La petición se puede presentar por correo postal o mediante formulario vía Internet. Los miembros de la comisión recomiendan detallar toda la información de forma clara, evitando los detalles superfluos, si bien se puede añadir un resumen.
Una vez recibida, la Comisión de Peticiones, que generalmente se reúne cada mes, salvo en agosto, informará de la decisión adoptada al responsable de la petición. Los interesados pueden seguir los debates de la Comisión de Peticiones a través de la web del PE. Además, los peticionarios están informados en todo momento por carta o correo electrónico de las decisiones que toma dicha comisión parlamentaria, así como de los resultados de las investigaciones de la Comisión Europea (CE).
Si la Comisión de Peticiones considera que se produce una infracción de la legislación comunitaria, admite a trámite la petición. Posteriormente, la CE investiga a fondo el asunto y los diputados de peticiones debaten la cuestión. Si se decide que en efecto se infringen las normas, se puede llevar al país al Tribunal de Justicia de la UE, o los propios países pueden tomar las acciones que consideren oportunas contra las entidades infractoras.
El PE agradece estas peticiones, ya que suponen una buena oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro o cualquier otra autoridad.
Críticas al sistema
Una de las críticas más comunes hacia la UE suele ser su presunta incapacidad a la hora de tomar medidas concretas. En el caso concreto de la Comisión de Peticiones, sus detractores aseguran que se trata de un proceso lento que puede durar meses y hasta años hasta que se consigue, en su caso, algún resultado positivo. Asimismo, si bien cualquier persona puede escribir una petición, es recomendable conocer a fondo la legislación europea para redactar la petición conforme a las leyes comunitarias y tener así más oportunidades de que sea aceptada a trámite.
La UE puede actuar y sancionar a los países que no respetan la legislación comunitaria sobre medio ambiente o que no garantizan su cumplimientoEn este sentido, conviene tener muy claro que la petición pertenece al ámbito de actividades de la UE. Por ejemplo, si un asunto es competencia y responsabilidad del Estado miembro, la petición será declarada improcedente. En tal caso, la comisión puede sugerir al responsable de la petición que se dirija a una autoridad nacional o a otro organismo no perteneciente a la UE.
Los miembros de la comisión recuerdan también que el PE no es una autoridad judicial, por lo que no puede dictar sentencias, ni revocar decisiones de los tribunales de justicia de los Estados miembros, ni sustituir a los procedimientos judiciales incoados en los países miembros. Asimismo, los asuntos relacionados con la mala administración en las instituciones u órganos de la UE no son competencia de la Comisión de Peticiones, sino del Defensor del Pueblo Europeo.
Desde el Parlamento Europeo defienden las instituciones europeas al recordar que la UE puede actuar y sancionar a los países que no respetan la legislación comunitaria sobre medio ambiente o que no garantizan su cumplimiento. Estas medidas se realizan por medio del Tribunal de Justicia de la Unión y gracias, en muchas ocasiones, a la participación activa de los ciudadanos europeos en el procedimiento de control democrático.
La Comisión de Peticiones es el sistema creado para enviar una denuncia al PE más común, pero no es el único. El Correo del Ciudadano es un buzón electrónico para formular al Parlamento Europeo preguntas, pedir información o presentar propuestas referidas a asuntos pertenecientes a los ámbitos de actividad de la UE. Una vez recibido el mensaje, los responsables del Correo del Ciudadano transmitirán en un plazo razonable las respuestas que reciban de los otros servicios del PE.
Asimismo, la CE también tiene mecanismos de protección de los derechos de los consumidores. Por ejemplo, en la web “Consumidores” se ofrece información y asesoramiento sobre diversos aspectos que afectan en general a los derechos de los consumidores, y en particular a su relación con el medio ambiente y la salud, como los juguetes infantiles, los productos peligrosos y las sustancias químicas, la energía, las compras o las vacaciones.
