El principal obstáculo que tiene España para cumplir el Protocolo de Kioto es el crecimiento del transporte, que desde 1990 ha aumentado sus emisiones en un 80%, dijo ayer el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri.
Durante un seminario sobre el papel de los bosques en el cambio climático celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Cuenca, Aizpiri indicó que las empresas y la industria están cumpliendo los límites de emisiones que se les han fijado, mientras que crecen las del transporte y el sector residencial. En este sentido, comentó que desde 1990 la industria ha incrementado sus emisiones menos de un 40%.
«Lo que está desbocado es el transporte y el sector residencial de edificios», que suponen el mayor desafío, «porque apretar las tuercas a 1.200 industrias es relativamente fácil, pero a millones de vehículos y de hogares es mucho más complicado», señaló el secretario general.
España se comprometió en 1997 a que sus emisiones no crecieran más de un 15% en el promedio del periodo comprendido entre 2008 y 2012 con respecto a 1990. Para poder cumplir este compromiso será preciso recurrir a compras de emisión en terceros países.
Según Aizpiri, el problema es que el último inventario nacional del año 2004 mostraba ya un incremento del 48%, con lo que «más que triplicábamos nuestro compromiso de Kioto». Esta circunstancia se debe a un modelo de crecimiento económico muy basado en actividades intensivas en el consumo de energía, como la construcción y el transporte, «y a un abandono durante muchos años del ahorro y la eficiencia energética como una prioridad», explicó.
No obstante, precisó, ahora «estamos poniendo las bases para un cambio de tendencia, con un nuevo plan de energías renovables y de acción de ahorro y eficiencia energética, y un nuevo código de la edificación».
Carta de la UE
Mientras tanto, la Comisión Europea ha decidido remitir una carta de emplazamiento a España -primer paso para iniciar un procedimiento de infracción- por no haber hecho llegar al Ejecutivo comunitario su Plan Nacional de Asignación (PNA) para el segundo periodo del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. El plazo de presentación, fijado en la directiva sobre comercio de emisiones, finalizó el 30 de junio de 2006.
Bruselas ha requerido la misma información a Austria, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Italia, Portugal y la República Checa, que están elaborando sus planes nacionales de asignación, pero todavía no los han enviado a la Comisión.
En los PNA, los gobiernos fijan la cantidad total de derechos de emisión, estableciendo un límite máximo de contaminación por dióxido de carbono, y los asignan a las diferentes instalaciones cubiertas por el régimen de comercio de emisiones. Al establecer este límite máximo, los planes correspondientes a 2008-2012 son un elemento importante de las estrategias de los Estados miembros para alcanzar sus objetivos de emisión en el marco del Protocolo de Kioto.
En sus informes sobre las cantidades atribuidas, los Estados deben comunicar, entre otras cosas, sus emisiones anuales de gases de efecto invernadero y las fuentes de estas emisiones desde su año de referencia (el año elegido para medir la evolución de sus emisiones de gases fluorados) y proponer la cantidad que se les debería atribuir sobre la base de las metodologías establecidas en Kioto.
