Coincidiendo con el comienzo en Tallin de la reunión anual de la Organización Regional de Pesca del Atlántico Norte (NAFO, por sus siglas en inglés), la organización ecologista Greenpeace reclamó a finales de la pasada semana una moratoria sobre la pesca de arrastre de profundidad en aguas internacionales.
El comunicado Greenpeace señaló que la NAFO, que tiene competencia sobre la flota de pesca de los países de la región septentrional atlántica, entre las que destacan las de Galicia y Portugal, «no puede seguir permitiendo que la pesca de arrastre de profundidad destroce los fondos marinos en su áreas de competencia, por lo que es necesaria una moratoria de este tipo de pesca en aguas internacionales». La organización subrayó además que un informe del Gobierno de Canadá divulgado en Internet pone de relieve la «ineficacia de NAFO para resolver los graves problemas pesqueros» que afronta la región.
En el área NAFO, según recordó Greenpeace, «se produce el 60% de las capturas mundiales de arrastres de profundidad» y precisó que «cuatro de las seis especies» que estaban bajo el cuidado de ese organismo regional se encuentran actualmente «bajo moratoria debido al exceso de pesca». La organización apuntó que «los científicos están de acuerdo con que el arrastre de profundidad es el método de pesca más destructivo para la vida de los fondos marinos».
En agosto pasado, indicó la organización no gubernamental, el barco de Greenpeace «Esperanza», al visitar la zona NAFO, observó la actividad de 15 arrastreros de profundidad que faenaban en esas aguas y constató que «muchos de ellos han incumplido la normativa» de ese organismo regional de pesca. Por ello, la responsable de la campaña en favor de la salvaguarda de los océanos de Greenpeace, María José Caballero, señaló en la nota que «NAFO ha perdido el derecho a continuar con la mala gestión de su trozo de los bienes comunes de toda la humanidad».
Una moratoria sobre ese tipo de pesca es «la única respuesta posible» para preservar la zona, aseguró la responsable de la campaña, que consideró que ello permitiría «el tiempo necesario para identificar y evaluar las áreas de biodiversidad que necesitan protección». Asimismo, durante ese periodo de moratoria, los expertos podrían «desarrollar un régimen de gestión que tenga en cuenta los impactos den todo el ecosistema» marino, y «no sólo sobre las especies que quieren pescar», concluyó Caballero.
