La Comisión Europea ha decidido que en 2012 entrarán en vigor los límites marcados para las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos. Para los fabricantes, el plazo concedido es muy corto. Por eso, han pedido a Bruselas que aplace la medida hasta 2015.
A pesar de que cerca del 60% de los automóviles que lleguen al mercado europeo en 2012 estarán en ese sentido en una avanzada fase de desarrollo, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) cree que es necesaria una moratoria. Además, considera que la propuesta de Bruselas sobre penalizaciones para los vehículos por superar los límites de emisiones de CO2 es «desorbitada y desproporcionada».
ACEA recuerda que la industria del automóvil está comprometida con la reducción de emisiones y apela a «una legislación que podamos cumplir y que salvaguarde la diversidad de nuestra industria asegurando, al mismo tiempo, la accesibilidad de los vehículos para los ciudadanos».
Plazos realistas
En la misma línea, la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos (Anfac) apunta que la industria necesita unos plazos realistas y la adopción progresiva de la legislación, «es decir, retrasar la fecha a 2015 y la introducción de un sistema de adopción progresiva que iría haciendo aplicable esta reglamentación a un número creciente de vehículos nuevos entre 2012 y 2015».
La mayoría de los coches que saldrán al mercado en 2012 ya están en producción. Además, la fijación de objetivos globales no es suficiente información para la planificación de la producción con vistas a cumplir cualquier legislación de emisiones. «No es previsible que se establezcan con claridad los requerimientos legales antes de 2009, sino más tarde y, además, el Parlamento Europeo ha reconocido la necesidad de plazos más largos para la industria, respaldando la fecha de 2015 para la entrada en vigor de esta regulación», explica Anfac.
La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos de Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) también está a favor de una moratoria porque considera que es muy difícil ajustarse a plazos cortos. «Si es así, se tendrán que buscar soluciones tecnológicas que serán más costosas y que de alguna manera se trasladarán finalmente al precio final del vehículo, lo que perjudica al consumidor y, en definitiva, a la industria automovilística».
