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Tráfico no descarta prohibir a los conductores noveles circular por la noche

Quiere además retrasar a los 16 años la edad para llevar un ciclomotor

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: martes 23 enero de 2007
Los conductores noveles con poca experiencia en la carretera constituyen uno de los grupos de riesgo que más preocupan a los responsables de la seguridad vial, sobre todo cuando se suman a sus circunstancias las noches de fin de semana.

Para atajar lo que se ha dado en llamar "violencia vial juvenil", expresión que ayer emplearon varios de los ponentes participantes en el curso "La escena del crimen y la seguridad vial", que tuvo lugar en Murcia, la Dirección General de Tráfico (DGT) estudia prohibir a los conductores con menos de un año de experiencia al volante que circulen por las noches, entre las 23 horas y las seis de la mañana, para reducir la siniestralidad nocturna.

"La violencia vial juvenil existe, y el grupo de edad que va de los 18 a los 32 años es el que mayores accidentes registra; por eso se van a plantear reformas legislativas para frenar la siniestralidad y el riesgo para los demás conductores. Una de las medidas que está en estudio pasa por prohibir la conducción nocturna durante el primer año de carné", anunció ayer el jefe provincial de Tráfico de Murcia, Francisco Javier Jiménez.

Se considerará delito la conducción a una velocidad superior a los 100 km/h en vía urbana

Retrasar de los 14 a los 16 años la edad mínima para obtener la licencia de ciclomotor es otra de las reformas que se encuentran en estudio.

La "violencia vial" provoca la muerte de un 5% de los automovilistas, según los datos de la DGT. Durante el acto, Jiménez ratificó su confianza en las medidas sancionadoras de los delitos de tráfico y expresó su confianza en que el Plan Estratégico 2005-2008 "reduzca los fallecidos en un 40%".

Reforma penal

Los mayores expertos del país en la materia abogaron por la criminalización del conductor irresponsable y temerario y analizaron tanto las reformas legales que está emprendiendo el Gobierno, como la del Código Penal. Así, se impondrán penas de cárcel, de entre tres y seis meses, a quien conduzca a más de 190 kilómetros por hora en autovía o a más de 100 kilómetros por hora en ciudad. Es decir, en cuanto a la velocidad, el jefe provincial de Tráfico, Jiménez, adelantó que el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso de los Diputados "considerará penado circular con un exceso del 50 kilómetros por hora a lo señalizado en el casco urbano y de 70 kilómetros por hora en autovías y autopistas". También serán penados con entre tres y seis meses de cárcel quienes conduzcan con más de 1,2 g de alcohol en sangre.

El fiscal coordinador de Seguridad Vial de Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Campos, aclaró que "hasta ahora la ingesta de bebidas alcohólicas era necesaria a la hora de valorar si un conductor estaba incapacitado para conducir, pero no era suficiente si no se adjuntaba un cuadro de síntomas externos, compuestos por pruebas de oralidad, concentración, contradicción e inmediación, que los agentes debían practicar".

La "violencia vial" provoca la muerte de un 5% de los automovilistas

La reforma pretende acabar con la ambigüedad actual del Código Penal, que no deja claro cuándo la infracción es falta y cuándo pasa a ser delito, cuestión que ayer fue abordada por el fiscal del Tribunal Supremo Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

"La respuesta de la justicia es efectiva con los conductores embriagados, y ha empezado a serlo también con los excesos muy graves de velocidad. Sin embargo, hay un agujero negro en la respuesta penal que se registra en determinados accidentes lesivos", explicó Vargas.

En la actualidad, si esos siniestros se califican como homicidio o lesión por imprudencia leve, terminan "ventilándose en un juicio de faltas y en un mercadillo entre las compañías aseguradoras". Cuando la imprudencia se califica como grave, acaba en un juicio penal y cárcel. "Se han dado instrucciones para promover esa respuesta penal". Para Vargas, se trata de "proteger a la víctima, que se merece el mejor trato".

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