Una sentencia considera a la Administración responsable de los accidentes causados por la presencia de hielo en la calzada

Indemniza con más de 16.000 euros a un automovilista que tuvo un percance debido a una placa de hielo
Por EROSKI Consumer 30 de noviembre de 2007

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Administración castellano-leonesa a indemnizar a un conductor con más de 16.000 euros por las lesiones y daños causados en su vehículo debido a un accidente provocado por la existencia de una placa de hielo en la carretera autonómica BU-550 a su paso por el término municipal de Río de Losa (Burgos), según informó Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Según indica la sentencia, la Administración se opuso inicialmente a la reclamación realizada por el conductor porque el atestado sobre la causa del accidente -ocurrido el 24 de diciembre de 1998- indicaba que éste «se produjo cuando el conductor, debido a las curvas y al estado de la vía -con limitación de velocidad genérica de 50 kilómetros por hora-, mojado y con placas de hielo a causa de las bajas temperaturas y a la humedad ambiental, decidió hacer uso del sistema de frenado del vehículo, perdiendo el control de la dirección, saliéndose por el margen derecho de la calzada y chocando contra un muro de hormigón».

Sin embargo, el Tribunal estima que «difícilmente pudo el conductor evitar, ante la presencia inesperada de tan inmensa placa de hielo -72 metros de longitud-, la pérdida del control de su vehículo». Y añade: «la aparición de hielo en esas fechas era plenamente previsible para la Administración, pero inexplicablemente abdicó de la vigilancia el día del accidente pese a la alta probabilidad de heladas».

Por ello, el juez aprecia responsabilidad patrimonial de la Administración y obliga a indemnizar al conductor afectado con 16.368,04 euros, más los intereses legales desde el 30 de abril de 2002. Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, este fallo supone un «importantísimo» precedente judicial porque clarifica la verdadera causa de muchos de los accidentes, que «si bien inicialmente se atribuyen a la imprudencia de los conductores, en muchas ocasiones se debe a la falta de diligencia de la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones».

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