España tiene uno de los sistemas sanitarios más descentralizados del mundo, fruto del traspaso competencial desde el Ejecutivo central a las comunidades autónomas. Entre las ventajas de este proceso destaca la cercanía al usuario, y entre los inconvenientes, las diferencias en el acceso a la sanidad entre comunidades y la falta de una información sanitaria homogénea.
Estas son algunas conclusiones del informe «Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España», presentado ayer por la Fundación Alternativas. El estudio repasa la evolución del sistema sanitario español, desde la etapa Insalud al actual mapa de 17 servicios regionales de salud.
El tránsito ha sido irregular y conflictivo, y ha terminado por erosionar uno de los pilares de cualquier sistema nacional de salud, la información compartida por todos los agentes sanitarios y todas las administraciones involucradas, que permite diseñar políticas, analizar aciertos y errores, según las responsables del estudio, Beatriz González y Patricia Barber, de la Universidad de Las Palmas.
La pérdida de información homogénea es «uno de los costes más altos que ha pagado el país por la descentralización sanitaria», y, además, constituye «el principal obstáculo para avanzar hacia mejoras de salud, reducción de desigualdades y eficiencia», indican las autoras. Admiten, no obstante, que esta tendencia se intenta corregir con el Plan de Calidad del SNS.
Desigualdades
Las desigualdades geográficas entre comunidades existen; mejores carteras de servicios en unas que en otras, diferencias en las listas de espera, mayor o menor inversión sanitaria per cápita… pero, en contra de lo que pudiera pensarse, son «más moderadas que en otros países europeos».
Aun sin cuestionar el modelo regional de la sanidad pública, el estudio aboga por reforzar el liderazgo del Ministerio de Sanidad. Este departamento define los servicios mínimos que todas las autonomías deben prestar a sus ciudadanos en condiciones de igualdad efectiva y las listas de espera máximas, pero carece de capacidad sancionadora si alguna autonomía no cumple con los mínimos comunes a todo el sistema.
«En España la financiación territorial de la Sanidad es incondicionada y el papel del Gobierno central para definir objetivos de política sanitaria de ámbito nacional, incluyendo metas de equidad, se ha ido desvaneciendo», subraya el informe. Las autoras recomiendan además reformar el actual Fondo de Cohesión.
