El Gobierno modificará la Ley de Extranjería para evitar el turismo sanitario

Se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único requisito para recibir asistencia
Por EROSKI Consumer 23 de abril de 2012

El Gobierno va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería para evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España «exclusivamente» a recibir atención sanitaria, según anunció la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 20 de abril. La ministra explicó que se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único requisito para recibir asistencia sanitaria. Se van a establecer así unos requerimientos de modo que se va a tener en cuenta «las personas que de verdad viven en España».

Mato justificó esta medida tras señalar que «había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria». «Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo», por lo que la titular de Sanidad apuntó que el Gobierno, además de modificar la ley, va a revisar también los convenios con algunos países, ya que «muchos no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria».

Si se tiene en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con datos de 2009, se cifra en más de 700.000 personas las que usan los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros. Además, Mato recordó que este dato no está completo si no se tiene en cuenta que «hay muchos extranjeros que no son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre países, que también utilizan inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios».

A partir de ahora, a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, «los mismos que tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria», explicó. Se tendrá así en cuenta a las personas que «de verdad» viven en España y a los que tienen residencia fiscal en España, «trabajan como nosotros y pagan sus impuestos», subrayó. Además, se incluirá el artículo siete de la directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. La directiva ya está incorporada al derecho español, salvo este artículo que es el que prohíbe de manera expresa desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. «Por ese motivo muchas personas se han desplazado a nuestro país a hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario», añadió.

El ahorro que el Gobierno espera lograr son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación. A su juicio, «se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países». Y, precisamente, este es el motivo que hace que esta media sea «imprescindible». Toda persona que no cumpla estos requisitos «tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países», aunque quiso dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica porque «todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España».

Sigue a Consumer en Instagram, X, Threads, Facebook, Linkedin o Youtube