Consecuencias de la infravivienda

Diversos estudios confirman su relación con la exclusión social y advierten de que los realojos sólo conducen a una reubicación de los grupos afectados
Por Azucena García 12 de marzo de 2008
Img chabola
Imagen: Daniel Lobo

Unas 273.000 personas residen en España en infraviviendas. Inmuebles que carecen de electricidad, agua corriente o unas condiciones óptimas de seguridad. Sin embargo, el concepto de infravivienda es más amplio, tiene que ver también con la exclusión social. Diversos estudios atribuyen a la infravivienda una relación directa con este fenómeno y revelan cómo la solución considerada hasta ahora idónea, el realojo, no conduce siempre a la integración, sino a una “reubicación segregada”.

Dimensión social

La Real Academia Española de la Lengua define la infravivienda como aquella “vivienda que carece de las condiciones mínimas para ser habitada”. Por lo general, son casas muy deterioradas en las que pueden darse situaciones de hacinamiento, no hay servicios básicos como agua corriente o electricidad y, en algunos casos, existe riesgo para la seguridad de quienes las habitan.

En total, se calcula que 273.000 personas residen en un piso de estas características, según datos de la Federación europea de asociaciones que apoyan a personas sin hogar (Feantsa). Los grupos más desfavorecidos son aquellos que tradicionalmente se relacionan con situaciones de exclusión social: mujeres, mayores, población gitana, inmigrantes, jóvenes… El informe de Cáritas “La infravivienda en la diócesis de Madrid” identifica, además, este tipo de construcción con la imposibilidad de disponer de una vivienda “sin que este derecho suponga un quebranto excesivo de los recursos económicos que se disponen para vivir”. El mismo estudio hace hincapié también en el entorno, que describe como “no adecuado y deteriorado”, con una limpieza deficiente de las calles, malas comunicaciones, vandalismo, carencia de zonas verdes y contaminación, entre otras cosas.

El entorno se caracteriza por una limpieza deficiente de las calles, malas comunicaciones, vandalismo o ausencia de jardines

La definición de infravivienda, por lo tanto, va mucho más allá. No se centra exclusivamente en el estado que presenta un inmueble. El informe de Cáritas establece una “relación directa” entre la vivienda y la exclusión social de las personas. Éstas habitan tanto edificios en altura como horizontales, lo que se conoce como chabolismo vertical y horizontal:

  • Chabolismo vertical. Se refiere a un conjunto de viviendas antiguas, muy pequeñas y ubicadas en barrios periféricos y cascos antiguos, así como a instalaciones prefabricadas, casas en proceso de derribo, almacenes o locales que se utilizan como viviendas, casas de zonas rurales y corralas (vivienda alrededor de un patio central).

  • Chabolismo horizontal. Abarca los barracones, cobertizos y chabolas que se localizan dispersas o en poblados consolidados (barrios considerados marginales) y carecen de agua y luz.

Chabolismo

Las chabolas son construcciones de madera, plástico o chatarra. Se trata de pequeñas viviendas prefabricadas, que se suelen levantar en zonas suburbanas o alejadas de la ciudad, a modo de poblados. Estos núcleos chabolistas son construidos por las propias familias que los habitan -población gitana en su mayoría-, en terrenos no urbanizables. De ahí que carezcan de servicios de luz o agua corriente.

Entre un 10% y un 12% de la población gitana reside todavía en chabolas o casas prefabricadas

Según datos de la Asociación Secretariado General Gitano, en España residen unas 630.000 personas gitanas. La mayoría se reparte en tres comunidades autónomas: Andalucía (45.34%), Madrid (9.37%) y Cataluña (8.39%). Aunque en los últimos años sus condiciones habitacionales han mejorado, entre un 10% y un 12% de la población gitana reside todavía en chabolas o casas prefabricadas. Solucionar esta situación lleva tiempo y ni siquiera la apuesta por los realojos es una apuesta segura. “En muchos casos no conducen a la integración definitiva, sino a una reubicación nuevamente segregada”, destaca el informe del Relator especial de Naciones Unidas, que añade cómo, generalmente, estos realojos “están motivados por la presión urbanística o las insistencias vecinales”.

El Ministerio de Vivienda y la Fundación Secretariado Gitano firmaron en 2006 y 2007 sendos convenios para impulsar un plan de actividades que favorezca el acceso de la población gitana a la vivienda. Los objetivos de ambos acuerdos son: elaborar un diagnóstico, modelos de intervención y recomendaciones para abordar de un modo más activo los problemas de infravivienda a los que se enfrenta esta comunidad. Otra de las iniciativas es elaborar un Mapa de población Gitana que permita obtener datos fiables sobre su ubicación y distribución en el territorio español. De esta manera, se busca analizar su evolución en los últimos 15 años (el último mapa es de 1991) y las condiciones en que viven actualmente para “detectar las necesidades y proponer soluciones adecuadas a las carencias que todavía hoy presentan”.

Programa DUAL

Además de estas medidas, algunas localidades cuentan con sus propios planes de erradicación del chabolismo. Uno de los más fructíferos es el Programa municipal DUAL de erradicación del chabolismo y la infravivienda en Burgos, gestionado desde 1997 por la Fundación Lesmes. Los beneficiarios de este programa, que desde su puesta en marcha ha culminado un total de 62 realojos, son las familias que residen en chabolas, casas prefabricadas, caravanas e infraviviendas en general.

Los beneficiarios son las familias que residen en chabolas, casas prefabricadas, caravanas e infraviviendas en general

La duración del proyecto abarca un trabajo, previo y posterior al realojo, con cada uno de los miembros de la familia. En concreto, la intervención se estructura en sesiones que se emplean para tratar temas de salud e higiene, educación, formación y empleo, economía familiar y organización doméstica, habilidades sociales, uso y conservación de la vivienda. “Las sesiones de educación familiar se realizan siempre en el domicilio de la familia y se trabaja por objetivos que se establecen conjuntamente cada mes”, explican desde la Fundación.

Una vez trabajadas todas las áreas, se lleva a cabo el realojo. La selección de la vivienda se realiza en función de sus características, la zona en que se ubica y las peculiaridades de cada familia. Se tienen en cuenta posibles enfermedades de algún miembro o la existencia de niños pequeños. Todos los gastos derivados del uso de la vivienda son asumidos por las familias, que en todo el proceso cuentan con el apoyo de los técnicos del programa.