Falta de protección antidiscriminatoria, ausencia de igualdad de oportunidades y conflicto entre la legislación española y la Convención de la ONU para las personas con discapacidad. Son los principales derechos vulnerados que hoy en día se detectan en nuestro país y que requieren atención. Los ha recopilado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con la intención de implementar las medidas oportunas para garantizar su cumplimiento.
Se reclaman recursos y medidas que eliminen los obstáculos y garanticen las mismas oportunidades a las personas con discapacidad
La Delegación del CERMI para la Convención de la ONU ha elaborado el tercer informe de Derechos Humanos y Discapacidad, un completo estudio que recoge las vulneraciones en este ámbito y pretende que, a partir de ellas, se adopten las medidas que restituyan en sus derechos a una parte de la población que adolece de un déficit de ciudadanía, señala.
Sobre todo, se han tenido en cuenta las consultas y denuncias recibidas en el propio CERMI, que representa a más de 6.000 asociaciones y entidades de personas con discapacidad y de sus familias. A partir de todos los datos recopilados, se ha establecido qué artículos de la citada Convención se incumplen de manera más reiterada, tres años después de su entrada en vigor.
Principales vulneraciones
El CERMI detecta tres vulneraciones principales:
Vulneraciones debidas a un conflicto entre la legislación española y la Convención. En este caso, se indica que la Ley Orgánica de Educación aún no evita «la segregación obligatoria de niños con discapacidad» por falta de recursos en los centros de educación ordinarios, se priva del derecho a voto, la esterilización forzosa o el acceso a la justicia (limitación de la capacidad procesal para demandar o querellarse por sentencia judicial) y se permite el aborto eugenésico.
Ausencia de perspectiva de derechos humanos. Se considera que falta protección antidiscriminatoria de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) cuando la víctima no tiene reconocido un grado de discapacidad del 33% y se estima necesario flexibilizar las medidas de acción positiva cuando se detecte un caso de discriminación que ponga en riesgo la igualdad de oportunidades. En el caso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se echan en falta prestaciones orientadas a la promoción de la autonomía personal, a la vida independiente y a la inclusión social.
Ausencia de igualdad de oportunidades. El incumplimiento de las normas de accesibilidad -en la calle o en las propias viviendas-, de las leyes o la falta de recursos y medidas impide que se eliminen todos los obstáculos y «se garanticen las mismas oportunidades a las personas con discapacidad». Además, es imprescindible que se adopte una perspectiva de género en las políticas de atención a las personas con discapacidad y que la perspectiva de discapacidad sea transversal en las políticas generales.
En 2009, la Asesoría Jurídica del CERMI recibió un total de 207 consultas, frente a las 408 del pasado año. Esto significa que se han duplicado las reclamaciones por parte de las personas con discapacidad y sus familias, organizaciones, administraciones públicas y empresas privadas. De las consultas presentadas, 276 buscaban información u orientación jurídica sobre una cuestión relacionada con la discapacidad, señala el CERMI. Sin embargo, hasta 132 fueron denuncias “de personas que se sintieron discriminadas por razón de discapacidad en el ejercicio de alguno de sus derechos”.
Más de un centenar de personas se sintieron discriminadas en el ejercicio de alguno de sus derechos
Respecto a las cuestiones sobre las que versaban, el 20% se referían al ámbito del empleo, el 21% a prestaciones sociales, el 9% a temas de vivienda, el 3% al transporte y el resto a educación, vulneración del derecho de igualdad de oportunidades, aplicación de beneficios fiscales y cuestiones de familia, reconocimiento de la situación de dependencia, valoración y prestaciones, acceso a la justicia, seguros, ayudas técnicas, sanidad, patrimonio protegido, incapacitación judicial, reconocimiento del grado de discapacidad, posibles delitos contra la integridad física o moral, comunicación e imagen de las personas con discapacidad en los medios.
Sin embargo, durante el pasado año se presentaron otros informes que también recogieron las quejas de las personas con discapacidad. El informe anual de la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad recopiló 238 expedientes: 123 quejas para estudio y análisis y 115 consultas para asesoramiento. La Comunidad de Madrid, con 159 expedientes, seguida de Andalucía y Cataluña, con 16 y 14 expedientes, respectivamente, fueron las comunidades autónomas que gestionaron más consultas. En cuanto a los informes anuales de los Defensores del Pueblo Autonómicos, destacan las 411 quejas de Cataluña, 29 de País Vasco, 31 de Aragón y más de 10 en Andalucía.
