Imagen: Pedro Simões
El INE, en un estudio realizado en 2004 y publicado en diciembre de 2005, situó el número de personas sin hogar en España en más de 21.000 personas. Esta cifra, tomada como referencia de las situaciones más graves, es la punta del iceberg de la situación de exclusión residencial en la que se encuentran los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Conscientes de esta realidad, 13 organizaciones sociales, entre las que se hallan la Red Nacional de Entidades que trabajan con Personas Sin Hogar, la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda de Marginados, Red Acoge y Solidarios para el Desarrollo han creado la sede española de Feantsa Europa. Se trata de la federación europea de las organizaciones sociales que trabajan para las personas sin hogar, nacida en 1989, de la que forman parte 100 organizaciones de 30 países europeos.
Concretamente en España, las distintas organizaciones sociales que forman esta plataforma advierten de que la vivienda ha perdido su papel de «cohesión social» y «ha dejado de ser un derecho» para convertirse en un bien de «especulación» con serias consecuencias económicas, medioambientales y de desintegración social. «Las medidas que en la actualidad contemplan los diferentes planes de vivienda y las acciones de vivienda protegida que han llevado a cabo las administraciones en todos sus niveles no tienen en cuenta la realidad socioeconómica de los sectores de población con mayores desventajas, y han provocado que las personas en riesgo de exclusión queden fuera de estas políticas», denuncia.
«La vivienda ha perdido su papel de cohesión social y ha dejado de ser un derecho para convertirse en un bien de especulación con serias consecuencias económicas y de desintegración social»
Por esta razón, la federación defiende una vivienda digna para las personas sin hogar al mismo tiempo que recuerda que el incremento constante de los precios de las casas, tanto en la compra como en alquiler, ha supuesto un aumento paralelo de los requisitos exigidos para acceder a las mismas. «La consecuencia ha sido que, en buena medida, ha aumentado tanto el número de personas como las distintas situaciones de exclusión residencial en nuestro país», añade.
Otros ejemplos de exclusión residencial en la sociedad española actual son los siguentes:
- El «chabolismo vertical». El deterioro y la precariedad de una buena parte del parque de viviendas, como humedades, desgaste de cimientos, grietas, goteras, ausencia de servicios básicos… son las que ocupan los colectivos con rentas más bajas.
- Las problemáticas derivadas de la inadecuación de las viviendas a las necesidades personales y/o Familiares. Numerosas personas, por diversas razones (movilidad reducida, edad, tipo de familia), se encuentran ?cautivas? en la vivienda que ocupan, ante la imposibilidad de su mejora o de acceder a otra vivienda más adecuada a su situación vital.
- En las circunstancias actuales, el mercado de la vivienda resulta ser un factor que produce vulnerabilidad y exclusión. El exagerado esfuerzo económico que hay que realizar para mantener una vivienda conduce a mecanismos (endeudamientos a largo plazo, desequilibrios en los presupuestos familiares) que, a medio plazo, puede dar lugar a un aumento de las personas en situación de pobreza. Por otro lado, cada vez es más frecuente que determinados colectivos sociales choquen con comportamientos discriminatorios.
- Fenómenos de segregación y concentración territorial, fruto de promociones de vivienda pública.
Con el objetivo de dar respuesta a tales situaciones de exclusión, Feantsa España propone que se lleven a cabo las siguientes actuaciones:
- Elaboración de una “Ley estatal de vivienda” que garantice (y haga exigible) el derecho a la vivienda.
- Establecer cuotas mínimas anuales de construcción de vivienda de promoción pública en las diferentes comunidades autónomas. Dichas cuotas se deben establecer tras realizar un estudio y análisis de las necesidades residenciales de la población, incluyendo como colectivos preferentes a los grupos en situación de exclusión residencial.
- El régimen de acceso de las viviendas de promoción pública debe ser el alquiler (sin opción a compra), evitando así pérdidas de patrimonio público y favoreciendo que más personas puedan beneficiarse de su uso.
- El modelo de construcción de las viviendas de promoción pública de grandes promociones ubicadas en barrios vulnerables y con escasez de recursos ha demostrado que no es eficaz. Por tanto, se deben estudiar otros modelos que sean más sostenibles y que contribuyan a crear un tejido social rico.
- Siguiendo el ejemplo de numerosos países europeos, hay que poner en marcha actuaciones socioresidenciales de carácter preventivo que permitan intervenir antes de que se produzca la pérdida de vivienda. De esta manera se favorece que las personas puedan mantenerse en el lugar donde viven, evitando el deterioro personal, familiar y social que comporta el desarraigo.
- Los poderes públicos deben desarrollar estrategias de rehabilitación de viviendas para actuar en la ‘infravivienda’ que contemplen actuaciones integrales de las diferentes administraciones con participación de la red social.
- Desarrollar una metodología que propicie la convergencia en las actuaciones de vivienda, servicios sociales y los agentes sociales. “La coordinación entre todos es imprescindible cuando se trata de abordar la exclusión socio-residencial”.
