Los españoles rechazan contundentemente la explotación sexual comercial infantil en los viajes, también conocida como turismo sexual infantil, y creen que debería castigarse con penas de prisión, según se desprende de un estudio, el primero de ámbito nacional sobre este tema, elaborado por la empresa Append para el Comité Español del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).
Este informe, que se enmarca dentro de la campaña «No hay excusas», analiza la actitud de la sociedad española ante el fenómeno del turismo sexual a partir de encuestas realizadas a 1.200 personas. Se pretende que con el tiempo se convierta en una importante herramienta para luchar contra esta lacra.
Según el estudio, la sociedad española percibe que la explotación sexual de menores es una práctica generalizada en los países en vías de desarrollo. En concreto, el 90% de los entrevistados lo considera algo frecuente o muy frecuente.
Hay también la percepción de que un porcentaje relativamente elevado de turistas españoles busca sexo con menores en los destinos turísticos. De hecho, un 10% de los entrevistados conoce casos de explotadores en su entorno, y un 21% considera que la mayoría de los españoles que viajan a países en desarrollo busca sexo con menores.
Del informe también se extrae que las mujeres rechazan más esta práctica (tres de cada cuatro) y que el 85% de los encuestados se muestra partidario de imponer penas de cárcel a los clientes de la prostitución infantil.
Sin perfil definido
El responsable de los Derechos de la Infancia de Unicef, Gabriel González-Bueno, afirma que la mayoría de los que realizan viajes de este tipo son varones de entre 40 y 60 años. Pese a ello, no se puede hablar de un perfil concreto porque la mayoría de quienes practican este turismo son «explotadores ocasionales»: «personas que no son pederastas pero que consideran estas prácticas una aventura exótica».
González-Bueno precisa que el actual Código Penal no establece penas de cárcel para los clientes del turismo sexual infantil, sino sólo para los que promueven la explotación sexual. La cosa va a cambiar cuando se apruebe la próxima reforma del Código, que prevé condenas de prisión de uno a cinco años.
Por otro lado, el responsable de los Derechos de la Infancia de Unicef indica que «poco a poco» los países de destino -en especial de Centroamérica, el Caribe y el sudeste asiático- se están concienciando de que el turismo sexual «no favorece su imagen y son menos permisivos con los clientes y los proxenetas».
