Casi un 5% de los inmigrantes que residen en nuestro país presenta alguna discapacidad. En total, unas 225.000 personas cuya situación se ve agravada, en determinados casos, por la condición de ilegalidad. Carecen de tarjeta sanitaria, permiso de residencia y certificado de minusvalía. La mezcla de estos ingredientes da un combinado que impide el tratamiento de la discapacidad, dificulta el proceso de integración y obstaculiza, en consecuencia, el acceso al mundo laboral.
Al menos el 5% de los inmigrantes que viven en España tiene alguna discapacidad, según un estudio del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El informe, editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración, revela las dificultades de integración y la discriminación a la que se enfrenta este grupo, conformado por unas 225.000 personas.
Una de las principales conclusiones del estudio hace referencia a la relación entre inmigración, discapacidad y exclusión. Las personas extranjeras con alguna minusvalía se sienten, en ocasiones, doblemente discriminadas. Por un lado, las desventajas tienen origen en la propia condición de inmigrantes, pero además, se enfrentan a una situación de exclusión motivada por la discapacidad.
A las desventajas por la propia condición de inmigrantes se une la exclusión motivada por la discapacidad
Apenas existen servicios especializados de atención para esta parte de la población y, cuando los hay, a menudo los beneficiarios lo desconocen. «Las relaciones de coordinación entre servicios son, en este caso, un elemento fundamental», subraya el informe. También puede ocurrir que, aun sabiendo su existencia, la condición de ilegalidad impida acceder a la tarjeta sanitaria o certificado de minusvalía y, por lo tanto, al propio tratamiento.
Discriminación laboral
En el ámbito laboral, a las condiciones jurídicas de ilegalidad, que «dificultan el acceso a determinados derechos sociales mínimos», se añaden las dificultades a la hora de encontrar un empleo. Ambas situaciones pueden determinar «condiciones laborales por debajo de los niveles mínimos», ingresos suficientes y, en consecuencia, carencia de otros recursos como la vivienda.
El acceso a servicios básicos y universales queda limitado para este grupo. De hecho, según el informe, los inmigrantes con discapacidad «presentan muy bajos niveles de inserción sociolaboral, con altos niveles de precariedad». Más de la mitad carece de empleo, frente al 26,1% de parados entre las personas españolas con discapacidad.
El trayecto migratorio está considerado un factor de riesgo. Aunque el informe se fija especialmente en el fenómeno en las Islas Canarias, la misma situación se refleja en otros escenarios. Las condiciones en que se realiza el viaje hasta nuestro país son, “por sus medios y duración, un contexto en el que el riesgo de consecuencias graves para la salud e incluso para la propia vida es muy alto”.
Las condiciones en que se realiza el viaje pueden implicar consecuencias graves para la vida
Los traslados en patera suponen un trayecto en embarcaciones pequeñas, en grupos de 10 a 20 personas, que tardan entre 20 y 30 horas en realizar un recorrido de unos 100 kilómetros, describe el estudio. Sin embargo, cada pasajero cuenta con escasa ropa de abrigo, alimentos y agua.
Por su parte, los cayucos acogen a entre 80 y 150 personas, en condiciones “extremadamente penosas”. El viaje suele durar entre 8 y 11 días, “en situación de hacinamiento y con escasez de agua y comida”. En este tiempo, se pueden producir lesiones por golpes debido a la situación del mar o de la embarcación, quemaduras por la acción del sol o problemas por una inmovilidad prolongada.
En cuanto a los viajes por tierra, llegan a alcanzar los 1.000 kilómetros recorridos en diferentes medios de transporte o a pie. Algunas personas parten desde Gambia o Senegal hasta conectar en la costa con la embarcación que les llevará al otro lado del mar.
