Rumania prohíbe la adopción internacional y deja a cerca de 750 familias españolas sin la posibilidad de adoptar a huérfanos rumanos

Los niños de ese país sólo podrán ser adoptados en el extranjero por sus familiares en segundo grado de consanguinidad
Por EROSKI Consumer 7 de julio de 2004

Después de tres años de incertidumbre, Rumania ha cerrado finalmente sus puertas a la adopción internacional, rompiendo las ilusiones de cerca de 750 familias españolas que ya habían iniciado los trámites necesarios para acoger en su seno a un niño rumano. El sueño también se ha desvanecido para 3.300 parejas de EE.UU., Francia, Italia, Suiza e Irlanda.

La restrictiva ley rumana, aprobada recientemente por el Parlamento, y ratificada por el presidente, Ion Iliescu, establece que los niños de ese país sólo podrán ser adoptados en el extranjero por sus familiares en segundo grado de consanguinidad, por ejemplo, por sus abuelos. Y en ningún caso los menores de dos años serán acogidos por parejas extranjeras. Así, se da prioridad a la adopción nacional, mientras que la internacional queda como última solución y cuando ninguna otra forma de protección asegure al niño «el cuidado adecuado».

Desciende la adopción nacional

Pero estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2005, no parecen que vayan a acabar con el problema que vive Rumania. Un informe realizado en 2003 por la ONG francesa Solidarité Enfants Roumains Abandonnés (SERA) reveló que el ritmo de abandonos de menores rumanos no disminuye y que la adopción nacional no se hace cargo de ellos, por el contrario desciende (menos de 1.000 pequeños fueron acogidos por rumanos en 2002). Las cifras resultan bastante similares a las que manejaba el ex eurodiputado José María Gil Robles, que se ha ocupado durante los últimos tres años de hacer llegar al Parlamento Europeo la voz de las familias afectadas por la paralización de las adopciones. «Hay que reconocer -explica- que el nivel de vida de las familias rumanas es muy bajo y no pueden encargarse de los pequeños». Pero también existen antecedentes históricos que han dado pie a que el abandono de un menor «se haya convertido en algo que se considera como una salida factible -señala Gil Robles-. Las familias tienen un niño y si no lo pueden mantener le llevan al orfanato. Es decir, hay sistemas para no ocuparse de ellos». Fórmulas que fueron heredadas del anterior régimen de Nicolae Ceaucescu, quien prohibió las medidas de control de natalidad. «Se animaba a tener hijos -dice Gil Robles-, pero no se previó que las familias no disponían de recursos. La solución fue construir los grandes orfanatos. Ahora también existen las familias de acogida, a las que se les paga por tener a los niños, o pequeños centros, con uno o dos asistentes sociales, que también cobran por cuidarlos».

Hoy día unos 85.000 niños viven institucionalizados en orfanatos rumanos, según datos de la Asociación Coordinadora de Afectados por el Bloqueo de Adopciones en Rumania (ACABAR), que denuncia además la red de connotaciones políticas en las que las familias españolas afectadas se han visto envueltas en los tres últimos años.

Tráfico de menores

Los problemas comenzaron en junio de 2001, cuando el Gobierno rumano decidió paralizar cerca de 5.000 expedientes abiertos para asignar menores a parejas extranjeras. Entraba entonces en vigor una moratoria de un año que se ha ido ampliando hasta hoy día. La razón que se esgrimió fue la necesidad de elaborar una nueva ley de protección a la infancia, petición que había partido desde la Comisión Europea, como uno de los pasos previos para que Rumania se incorporase en 2007 a la Europa de los 25.

Pero la polémica surgió realmente a raíz de un informe que la eurodiputada británica Emma Nicholson presentó ante el Parlamento Europeo. «En él decía que la adopción internacional en Rumania era un comercio lucrativo», indica el presidente de ACABAR, Fernando Manzano. Por ello, la UE pidió la paralización de las adopciones hasta la elaboración de una ley de protección a la infancia.

Nicholson sostenía que durante diez años fueron sacados de Rumania 30.000 pequeños y cada agencia que formalizó el proceso obtuvo un beneficio de entre 13.200 y 23.100 euros por cada uno de ellos. Además, subrayaba que los niños fueron comprados o robados a sus madres por 198 euros cada uno.

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