El borrador de Ley de Vivienda que está elaborando la Consejería del País Vasco que dirige Javier Madrazo garantiza el acceso a un piso de alquiler a todos los ciudadanos de la comunidad autónoma. Además, estos tendrán derecho a que la renta les cueste como máximo el 30% de sus ingresos.
El texto, que será remitido al Parlamento de Vitoria durante este año, convierte el acceso a la vivienda en un derecho comparable a la sanidad y a la educación, que podrá reclamarse en los tribunales desde el 1 de enero de 2012.
A partir de esa fecha, la persona que no haya conseguido, al menos, un piso de alquiler social o protegido podrá buscarlo en el mercado libre, pues el Ejecutivo autónomo le proporcionará una ayuda para que la renta mensual de la vivienda no se lleve más de un tercio del sueldo.
El programa Bizigune del Gobierno Vasco, que capta viviendas vacías para el alquiler protegido desde 2003, paga actualmente a los dueños de los inmuebles un máximo de 660 euros y sólo acepta pisos que no superen los 90 metros cuadrados. A continuación, alquila esos pisos a las personas inscritas en el Servicio Público de Vivienda (Etxebide) que se interesan por ellos y les cobra una renta que nunca supera un tercio de lo que ganan.
La futura Ley de Vivienda prevé aplicar ese sistema de forma genérica cuando las instituciones vascas no puedan atender la demanda de una persona concreta ni con un piso de alquiler social o protegido, ni tampoco con uno captado por Bizigune. En tal caso, el afectado podrá solicitar al Gobierno Vasco una subvención para pagar la renta de una vivienda libre, aunque tendrá que cumplir los requisitos exigidos por Etxebide; es decir, acreditar unos ingresos de 3.000 a 43.000 euros anuales.
