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Renta antigua: alquileres no tan privilegiados

Estos arrendamientos son fuente de preocupación para inquilinos acosados y propietarios impacientes por actualizar la cuota mensual

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 16 enero de 2009
Img abuela gracia Imagen: Elena A.

El Ministerio de Vivienda estima que aún existen en España alrededor de 300.000 inmuebles de renta antigua, cuyos inquilinos pagan una mensualidad sólo actualizable por el IPC. Su carácter indefinido ha provocado que propietarios, promotoras inmobiliarias o constructoras empleen todo tipo de argucias para procurar que el veterano inquilino abandone una vivienda en la que lleva residiendo más de media vida. Los arrendadores particulares también sufren esta tipología de contratos, y rechazan un modelo que estiman cercano a la “expropiación indebida”, porque consideran injusto que se les impida ocupar la vivienda si la necesita un familiar o colocarla en el mercado a precios actuales. Lo cierto es que la renta antigua es un quebradero tanto para los inquilinos acosados como para los propietarios, impacientes por actualizar una cuota muy desfasada.

Carácter indefinido

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Los denominados contratos de alquiler de renta antigua fueron suscritos bajo la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos (1964). Su particularidad reside en que incorporaban un derecho de prórroga forzosa de alcance muy superior al actual, que abarca a varias generaciones, mientras que sus rentas son fijadas a muy baja cuantía. Obedecen a medidas extraordinariamente protectoras, dictadas para hacer frente a la gran necesidad de vivienda y escaso poder adquisitivo de la España de finales de los años cincuenta. En 1985, el conocido como “Decreto Boyer” suprimió la obligatoriedad de prórroga forzosa para los contratos que se subscribieran a partir de esa fecha y fomentó una primera desregulación de los precios. La desregulación ofrecería a los propietarios vías y perspectivas de negocio, según entendía el legislador, y permitiría sacar a la superficie viviendas vacías para generar un mercado de alquiler. A la larga, la realidad es que el parque de alquiler de 1960 (40% del total) se ha reducido a la mitad. En junio de 2008, España disponía de entre 1,6 y 2,7 millones de viviendas vacías, contando las acabadas y en promoción y las de segunda mano vacías, según el Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español 2008 que edita la consultora Acuña & Asociados.

No se sabe a ciencia cierta qué porcentaje de viviendas están gravadas por este modelo, pero los cálculos del Ministerio de Vivienda apuntan a entre el 12% y 22% del total de inmuebles alquilados. Este último dato corresponde a grandes capitales como Madrid, Barcelona o Sevilla. La presión inmobiliaria en urbes de gran concentración de población ha provocado un aumento de los casos de acoso contra estos inquilinos, a los que antes en cierto modo se podría considerar privilegiados por las bajas cuotas que pagan. Los atropellos en su contra han modificado esa percepción. Es el mobbing inmobiliario.

Este vocablo, acuñado hace una década para referirse al acoso padecido por los arrendatarios de viviendas gravadas por renta antigua, aún hoy sigue produciendo un sinfín de denuncias, la mayoría de las presentadas por los españoles ante la Unión Europea, según la oficina del Defensor del Pueblo Europeo. Isabel Torralba, presidenta de la Cámara de Vecinos e Inquilinos de Madrid, asociación que presta asistencia letrada a estos últimos, asegura que recibe alrededor de 25 consultas diarias de arrendatarios de renta antigua que sufren acoso inmobiliario.

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