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Viviendas de Protección Oficial: Mayor oferta de compra que de alquiler

Tan sólo el 7% de las viviendas que se construyen son públicas

El 10% de los pisos es de alquiler

El de la vivienda es uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos españoles y a los extranjeros residentes en este país. Tan complicado es el panorama que en la pasada campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo la vivienda se convirtió en uno de los temas estrella y arrancó de los partidos políticos numerosas promesas y buenos propósitos.

Las cifras señalan que anualmente se construyen en el país unas 500.000 viviendas. En 2002 el dato que maneja la Junta Central del Colegio de Arquitectos de España habla de 578.000 unidades, de las cuales sólo 44.000, es decir, el 7,7% gozaba de subvención pública. Ello explica, en parte, las aglomeraciones que con frecuencia se producen en ayuntamientos y comunidades cada vez que se presentan promociones de viviendas ya sea en alquiler o en propiedad.

Para hacerse una idea basta decir que en Madrid se registraron en noviembre del pasado año 30.200 peticiones telefónicas de cita previa para 1.125 pisos cuyo precio oscilaba entre los 60.000 y los 120.000 euros. En esta región hay unas 33.000 personas en espera de encontrar una vivienda pública. En Valencia, según denunció el pasado enero el candidato del PSOE a la alcaldía de esa ciudad, Rafael Rubio, sólo el 8% de las viviendas que se han construido en los últimos años son protegidas. Y en el territorio nacional, según la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España, 300.000 personas esperan ansiosas una vivienda barata. De hecho, el 60% de los demandantes de vivienda quiere que ésta sea protegida.

En Sevilla, por ejemplo, una promoción de viviendas de alquiler en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad contó con 2.503 solicitudes para sólo 218 pisos. Una vivienda de 70 metros cuadrados salía por 130 euros al mes. Un privilegio para pocos. Y en Barcelona, por cada piso público se presenta una media de 20 solicitudes. Según cifras de 2002, sólo el 6,9% de las viviendas construidas en Cataluña fueron de protección social.

La situación en materia de vivienda se traduce, según Fernando Sánchez, responsable de esta área en el sindicato UGT de Madrid, en una oferta escasa y en una demanda cada vez mayor. Alfonso Vázquez Fraile, de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España asegura, como Sánchez, que la oferta de vivienda pública es más que limitada. “Esperemos que a partir de ahora se cumplan todas las promesas del Gobierno destinadas a incentivar la promoción de viviendas en régimen de alquiler”, señala.

Sánchez y Fraile coinciden en que, dadas las circunstancias, resulta mucho más fácil para un usuario optar a una vivienda en propiedad que a una en alquiler. La razón es sencilla: prácticamente no hay promociones de alquileres sociales. En España sólo el 10,5% de los pisos se halla en régimen de alquiler, frente al 54% de la Unión Europea. Esta escandalosa diferencia sólo refleja la cara más negativa del boom inmobiliario que atraviesa España.

Desde la Asociación Profesional de Gestores de Cooperativas, Agecovi, su portavoz, Francisco López, destaca cómo año tras año han disminuido las promociones de vivienda pública. A finales de los años 80, recuerda López, el 50% de las viviendas que se construían eran de protección oficial. La cifra, entonces, se fijaba en unos 110.000 ó 150.000 pisos protegidos frente a los 30.000 ó 40.000 que de promedio se construyen ahora. “Las administraciones no han hecho nada para fomentar la vivienda pública en este país. Curiosamente, el discurso es que mientras subía la vivienda, subía la riqueza. Nosotros reclamamos una intervención más decidida de las administraciones para otorgar suelos para vivienda protegida”, afirma López.

Ni siquiera los promotores inmobiliarios lo tienen fácil a la hora de levantar pisos de precio protegido. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, denunció el año pasado que el precio que la Comunidad de Madrid establecía para los pisos protegidos (unos 100.000 euros en promedio) resultaba demasiado “barato”, por lo que, al final, algunos promotores tenían que cobrar un dinero extra en negro para así poder compensar la diferencia entre el coste del suelo y de la construcción.

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