El IV Foro Mundial del Agua se cerró ayer en México sin un consenso sobre la consideración de este recurso como un derecho fundamental del ser humano ante el que ceden consideraciones de tipo económico, político o territorial.
Los participantes no pudieron alcanzar un acuerdo en torno a la declaración final defendida por la presidencia mexicana, que se negó a abrir el texto a posibles aportaciones de los países más beligerantes, caso de Bolivia y Venezuela -que pedían el reconocimiento explícito de este derecho básico-, o algunos de la Unión Europea (UE), caso de España, que pretendían trasladar la reciente resolución del Parlamento Europeo sobre el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos fundamentales para los más de 3.000 millones de personas en todo el mundo que carecen de ellos.
Al final, el pronunciamiento oficial del foro ratifica las metas marcadas por los Objetivos del Milenio de la ONU y de otros organismos multilaterales, e incorpora declaraciones anexas de Bolivia y Venezuela, por un lado, y de la UE, por otro. En su texto, los países europeos sí hablan del derecho al saneamiento y al agua, y de este recurso como una «necesidad humana de carácter primario».
Nada nuevo
A juicio de la ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona, la declaración final «no aporta nada nuevo», aunque valoró la celebración del foro como un importante punto de encuentro en el que, al menos, se han podido escuchar críticas a las políticas sistemáticas de privatización del agua que, según la Unesco, han fracasado en los países más pobres.
Narbona resaltó las acciones concretas que se han materializado estos días en México. Entre ellas, la firma el martes de la iniciativa Europa-América Latina. Auspiciada por España, Portugal y México, a ella se han adherido 17 países latinoamericanos -Bolivia incluida- y pretende abrir un nuevo programa de ayudas de la UE al subcontinente para la mejora de las políticas del agua, similar al que ya existe con países de Asia, Caribe y Pacífico.
El próximo foro del agua se celebrará en 2009, quizá en Turquía, y puede que la sexta edición tenga lugar en Zaragoza. La candidatura española, aún no formulada, está «en muy buenas condiciones», apostilló Narbona.
Pozos ilegales
Por otro lado, WWF/Adena ha denunciado que en España hay aproximadamente unos 510.000 pozos ilegales de los que se extraen al menos 3.600 hectómetros cúbicos de agua al año, lo que, según esta organización, equivale a más del consumo medio anual de todos los habitantes de España y Portugal.
WWF/Adena calcula que en la cuenca del Guadiana hay 22.000 pozos ilegales, frente a los 16.000 legales sólo en Castilla-La Mancha. En la del Guadalquivir son 10.000 los ilegales, y en la del Segura existen al menos 20.000, frente a 4.500 legales, y 100.000 hectáreas ilegales en regadío.
A juicio de los ecologistas, el uso ilegal del agua en España está afectando a toda la sociedad, al contribuir a la degradación del medio ambiente y a reducir la cantidad y calidad de este recurso para usuarios legales, como empresas de abastecimiento, regantes, industrias y particulares.
WWF/Adena pide a las administraciones que sean más eficaces y decididas a la hora de perseguir el uso ilegal del agua, con medidas para que no salga rentable su extracción. En este sentido, propone sanciones duras que afecten principalmente a los grandes comerciantes de agua. Asimismo, apuesta por reforzar la responsabilidad de los consumidores legales en la gestión y vigilancia de este recurso, reformando las Comunidades de Usuarios y promoviendo su formación y sensibilización en el uso racional del preciado bien. Por último, reclama que la legalidad del empleo del agua sea un requisito obligatorio para el cobro de ayudas agrarias.
