Un juzgado de primera instancia de Sevilla ha declarado nula la decisión del Ministerio de Sanidad de activar en julio de 2001 la alerta alimentaria en toda España, al detectar niveles superiores a los permitidos de benzopireno en varias muestras de aceite de orujo de oliva, según informó el director del departamento alimentario de Brossa abogados, Vicente Rodríguez.
Celia Villalobos, ministra de Sanidad en aquel momento, ordenó la incautación del producto y su retirada de los comercios, una medida que el juzgado sevillano considera «desproporcionada», señaló Rodríguez.
Sanidad activó la alerta en toda España y las comunidades autónomas procedieron a la aprehensión del producto. Asimismo, el Ministerio recomendó a los países comunitarios que retiraran del mercado las partidas de aceite de orujo que tuvieran y, poco después, comenzaron las quejas de los productores de este producto y muchos denunciaron a la Administración.
Según Rodríguez, los daños ocasionados por la alerta sanitaria a muchas empresas son incalculables y algunas de ellas no se han recuperado desde entonces.
Esta sentencia es la primera relacionada con el aceite de orujo que se hace pública en toda España y contra la misma cabe un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
