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Las claves legales del caso Fórum Filatélico-Afinsa

La Fiscalía señala en la querella que se ha diseñado una trama defraudatoria destinada a la búsqueda de inversores a quienes se les aseguraba una alta rentabilidad mediante la adquisición de sellos sobrevalorados

Las querellas criminales de la Fiscalía anticorrupción

Los hechos presuntamente cometidos por los responsables de las sociedades intervenidas tienen tintes penales. Al menos así lo señalan las investigaciones policiales llevadas a cabo y el hecho de que el asunto esté en fase de investigación sumarial en dos Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional tras la presentación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de sendas querellas criminales. Los consumidores afectados, y la sociedad española en general, han quedado sorprendidos por la rápida actuación policial y judicial llevada a cabo, en un asunto que nos recuerda, como así ha apuntado alguna afectada y algún jurista, al “corralito” argentino, con miles de personas organizándose ante las puertas de las oficinas centrales de las empresas a las que habían confiado sus ahorros, ahora cerradas por orden judicial.

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Lo aparentemente sorprendente en este caso es que ninguno de los inversores afectados ahora por la intervención judicial haya interpuesto reclamación administrativa o denuncia penal previa por unos hechos que parecen haberles causado un daño patrimonial por engaño, pues cobraban puntualmente las cantidades pactadas contractualmente.

Una de las quejas que se han lanzado apunta directamente contra la administración, ya sea por su inactividad legislativa, como por su pasividad en la acción, tras las dudas mostradas durante años por las asociaciones y organizaciones de consumidores sobre este tipo de inversiones, y una vez que han tenido conocimiento del trasladado de las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria desde 2003 a 2005.

Ahora, tras el levantamiento del secreto del sumario, es hora de dilucidar responsabilidades penales, si las hay, y de otra índole, si así se dan; pero también de proteger los intereses colectivos de todos y cada uno de los consumidores afectados.

Por otro lado, todo apunta a que la actividad llevada a cabo por las empresas intervenidas no estaba sujeta a la Ley de Instituciones de Inversiones Colectivas de 2003, por lo que su amparo legal está limitado básicamente a la obligación para la entidad de someter sus cuentas anuales a auditoría y de informar de manera completa a sus clientes, especialmente de las garantías externas existentes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Los jueces no van a tener otro remedio que actuar contra los presuntos responsables con la ley en la mano, la única que pueden aplicar.

Acciones legales

Introduciéndonos en el contenido de la querella contra AFINSA, a la que ha tenido acceso CONSUMER EROSKI, el Ministerio Fiscal considera que los responsables de esta sociedad han venido desarrollando durante los últimos años un negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo, llevado a cabo en multitud de locales en numerosas poblaciones españolas, mediante la realización de unos contratos en serie de inversión en filatelia.

A los inversores les aseguraban una alta rentabilidad, susceptible de obtenerse mediante la adquisición y gestión de un fondo filatélico. En este sentido, la Fiscalía manifiesta que los responsables de AFINSA consiguieron importantes aportaciones por parte de personas a las que se entregaron lotes de sellos sumamente sobrevalorados, cuando no falsos, y, luego, cantidades en concepto de intereses que no eran tales, sino parte del metálico recibido de los propios clientes.

Según la querella, la buena fe de los inversores resultó defraudada mediante una doble ficción: que el lote de sellos adquirido con su inversión era de un valor extraordinariamente superior al real y que lo abonado como intereses tenía esa condición, cuando lo cierto es que era dinero procedente de otras aportaciones, las de los nuevos inversores. De la misma forma, apunta que la práctica defraudatoria diseñada por los querellados para dar viabilidad a tal negocio ha determinado que la entidad AFINSA se encuentre al día de la fecha en situación de absoluta insolvencia, atendiendo al desfase patrimonial que ello ha generado. La querella criminal contra AFINSA fue presentada el pasado 24 de abril de 2006 por la Fiscalía ante el Juzgado Central de Instrucción Decano de la Audiencia Nacional. La base jurídica de la misma contra los nueve querellados lo es por los delitos de estafa, contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad en documento privado.

La competencia corresponde a la Audiencia Nacional por cuanto se imputa un delito defraudatorio (el de estafa) que, por las dimensiones del caso, puede producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional, así como afectar a una generalidad de personas, que han celebrado contratos en todo el territorio nacional.

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