El pacto de Gobierno alcanzado el miércoles por socialistas y liberales en Bélgica contiene la promesa de legalizar la prostitución, siguiendo el modelo holandés. La medida, además, aportará un mínimo de 50 millones de euros anuales al fisco belga. Las repercusiones fiscales de esta decisión, por supuesto, no son el motivo que ha empujado al primer ministro liberal, Guy Verhofstadt, a incluir en el programa de su segundo Ejecutivo dicha legalización.
En la legislatura anterior, liberales, socialistas y ecologistas ya siguieron los pasos de la vecina Holanda con una ley de eutanasia y los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo. Así que la legalización de la prostitución es, sobre todo, un paso más en la misma dirección.
El pacto cerrado el pasado miércoles incluía la promesa, en un escondido párrafo de la página 68, de «poner fin a la inseguridad jurídica y social de las prostitutas». El razonamiento que movió también al legislador holandés es simple: al pasar de la tolerancia al reconocimiento legal, se permite a las trabajadoras del sexo optar a los beneficios de la Seguridad Social y salir de la ilegalidad y la explotación.
De paso, al declarar sus ingresos como trabajadoras autónomas o asalariadas, las meretrices aportarían al fisco belga unos 50 millones de euros anuales, según indicaba recientemente un estudio británico, una cantidad nada desdeñable en tiempos de estancamiento de la actividad económica y aumento del déficit de las cuentas públicas. Se trata de una estimación a la baja, porque resulta obviamente muy difícil evaluar, por un lado, qué ingresos genera la primera actividad sumergida en cuanto a volumen de negocios y, por otra parte, qué porcentaje de estos fondos afloraría al sistema legal.
Este último punto es la otra cara de la moneda: la legalización, como se ha demostrado con la ley holandesa, sólo beneficia a una parte de este mundo, aquellas prostitutas con los papeles en orden y que trabajan en casas de forma más o menos regular. Pero otra gran parte, más de la mitad, ejerce la prostitución en condiciones todavía más ominosas, en la calle, sin permiso de residencia y explotadas por redes criminales. A estas últimas, la legalización no les va a cambiar la vida.
«Espero que en el plazo de seis meses salga del Parlamento un proyecto de ley parecido a la norma holandesa que atribuya un estatuto particular al oficio más antiguo del mundo», explicó desde las páginas del diario «Het Nieuwsblad» la senadora liberal Hilde Vautmans, que conoció la realidad más dura de las prostitutas de la calle en el centro médico de Amberes en que trabajó. «Nos llegaban las prostitutas más marginales, a menudo maltratadas, a veces seropositivas. Cuando ves en qué medio tan degradado tienen que trabajar estas chicas, encontrándonos en un país que es rico, entonces tienes que decir que esto no puede seguir así, debemos legalizar la industria del sexo para acabar con esto», manifestó.
El primer Gobierno Verhofstadt puso en marcha en el año 1999 su particular revolución ética y moral siguiendo la estela de los holandeses. Cuatro años más tarde, el trabajo continúa: además de la legalización de la industria del sexo, los liberales y los socialistas quieren retocar la ley de eutanasia, aunque sólo en aspectos prácticos de su aplicación en hospitales, y propondrán un documento de identidad que reconozca la nueva personalidad de los transexuales.
La ley holandesa que despenalizó la prostitución entró en vigor en octubre de 2000, aunque el artículo 250 del Código Penal holandés sigue penalizando la trata de personas para su prostitución, la forzosa y la de menores, con penas que pueden llegar a ocho años de prisión. El Gobierno de centroizquierda de entonces justificó su empeño alegando que había optado por «adaptar la letra de la ley a la realidad, con el objetivo de poner fin a las situaciones injustas e inadmisibles del sector de la prostitución».
En virtud de esa ley, las personas que ejercen la prostitución en ese país están obligadas a hacer la declaración de la renta y pagar sus impuestos como cualquier otro trabajador. Las prostitutas, sin embargo, no tienen derecho a recibir un subsidio de desempleo cuando deciden dejar de ejercer esta actividad, pero pueden apuntarse a la oficina de empleo como demandantes de trabajo. Y los burdeles son tratados como cualquier otra empresa, es decir, que pagan impuestos de sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social y deben respetar el derecho laboral y las normas sanitarias vigentes. Los ayuntamientos, por su parte, estipulan las condiciones que han de cumplir los burdeles para ser admitidos dentro de los límites municipales, no pudiendo negarse a su instalación por razones morales.
