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José María Múgica, director de la OCU

La exigencia de la devolución íntegra del dinero en el caso Afinsa-Fórum es arriesgada porque puede generar expectativas muy difíciles de cumplir

José María Múgica, director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), rehuye, en una entrevista concedida en exclusiva a CONSUMER EROSKI, cualquier enfrentamiento con la nueva Coordinadora de Comités y Usuarios (CCU), auspiciada por Ausbanc para defender los intereses de los cerca de 400.000 afectados por la presunta estafa filatélica de Afinsa y Fórum Filatélico. Los clientes de estas dos sociedades de bienes tangibles, intervenidas a primeros del mes de mayo por la Audiencia Nacional, disponen hasta el 31 de agosto para recopilar toda su documentación y presentarla como acreedores de las firmas y damnificados en los procesos judiciales que se plantean al respecto. Las asociaciones de consumidores integrantes en el Consejo de Consumidores y Usuarios, amparado por el Instituto Nacional de Consumo, han hecho «frente común» para atender y canalizar las demandas de los afectados.

Sin embargo, la nueva coordinadora se ha enfrentado a la postura mantenida hasta el momento por el Consejo y exige a la Administración central, a la que acusa de ser la principal responsable de lo ocurrido, la devolución íntegra del dinero perdido por los afectados. Esta idea, en opinión del director de la OCU, se encuentra lejos de la realidad. «La exigencia de la devolución íntegra del dinero en el caso Afinsa-Fórum es arriesgada porque puede generar expectativas muy difíciles de cumplir», alerta.

¿Qué opinión le merece la nueva Coordinadora de Comités y Usuarios (CCU), auspiciada por Ausbanc, vinculada con el caso Afinsa-Fórum?

A nuestro juicio, parte desde una premisa que no tiene suficiente consistencia como para que sea el leitmotiv de una coordinadora. Plantear de entrada, casi como un dogma, la responsabilidad subsidiaria de la Administración es un riesgo serio porque puede generar en los afectados unas expectativas que no tenemos muchas garantías que se vayan a cumplir. Evidentemente, en la OCU no hemos descartado en ningún momento esa vía, además de la penal y de la concursal, la vía de la responsabilidad subsidiara de la Administración, pero es que con los datos que tenemos en este momento no hay fundamento suficiente como para poder abordarla. En la medida en que se desarrolle el procedimiento penal se verá si aparecen pruebas que aconsejen emprender esta vía.

¿Cómo calificaría la postura de esta coordinadora?

Desde luego para nosotros es una postura que tiene riesgos de generar expectativas que luego no se van a corresponder con la realidad, porque están hablando de recuperar prácticamente el 100%. Y hay que tener en cuenta que cuando se inicia un procedimiento, éste se inicia a partir de un estudio jurídico que permite calibrar las posibilidades de ganar o de perder. Nadie emprende una vía si sabe que va a perder, lo que sucede es que detrás de muchas de las plataformas de la coordinadora, las personas que están son antiguos agentes, bien de Fórum, bien de Afinsa, que de alguna manera tienen que responder frente a los afectados y que, por lo tanto, están viviendo una presión importante. Me consta que algunas de estas gentes que han conseguido que otras personas ‘inviertan’en este tipo de productos han tenido que olvidarse de los teléfonos por la cantidad de llamadas que recibían. No debemos olvidar que estamos ante la mayor crisis de consumo de nuestra historia, «No debemos olvidar que estamos ante la mayor crisis de consumo de nuestra historia» por el número de afectados y por la magnitud económica.

¿Los intereses de esta coordinadora van, por tanto, más allá de resarcir a los afectados?

Decir que no luchan por los afectados sería una estupidez, pero lo que está claro es que quienes están en esta historia, que somos todos, tenemos algo de lo que responder. El papel de la OCU es hacerlo frente al colectivo de sus socios que, a fin de cuentas, son quienes nos mantienen. Evidentemente, cada colectivo, en la defensa de sus afectados, tiene puntos de partida, valores y criterios diferentes y eso se está poniendo de manifiesto casi desde el primer momento.

De todas formas, esta nueva coordinadora asegura contar con una cuarta parte de los de 400.000 afectados

La OCU nunca va a entrar en una guerra de cifras. Lo único que puedo decir, e incluso comprometerme, es a realizar unas fotos del almacén donde tenemos los expedientes que nos están llegando. Puedo asegurar que nosotros en estos momentos tenemos una cifra determinada de afectados que están ya incorporados en nuestra base de datos, concretamente, estamos hablando de cerca de 5.000 cartas. La OCU consiguió en su página web 41.000 direcciones y la OCU ha mandado 41.000 comunicaciones a 41.000 afectados. Pero la OCU no tiene y no lo va a tener, porque no tenemos capacidad para ello, la representación de 41.000.
/imgs/2006/12/mugica_entrevista1.jpgExpedientes de los afectados almacenados en la sede de la OCU, a 27 de julio de 2006

Hay que tener claro que cuando nosotros decimos que representamos a una persona, la tenemos que representar en la vía penal y esto significa tener de cada persona un mandato, un conocimiento de todos los datos de identificación, de su deuda y una fotocopia de su contrato o contratos. Ayer mismo se batió el récord con una persona que tenía 60 contratos y entró por la puerta con un carrito de la compra. Hablamos de cifras, de peleas entre distintas organizaciones? pero el problema humano que nosotros tenemos aquí, desde las seis de la mañana que se forma la cola, se traduce en 150 personas que diariamente atendemos cada día. Por eso, cuando a nosotros nos hablan de esas cifras, si intentas ponerles cara, es imposible que alguien represente a 100.000. Una cosa es que en una manifestación reúnas los que sean, pero otra cosa es que tu tengas 100.000 mandatos, 100.000 datos identificativos y de deuda de todos ellos, y 100.000 fotocopias de contrato. Si alguien dice que tiene la representación de 100.000, yo no me lo creo. Creemos que las cifras que se están dando están absolutamente exageradas. Cuando hablan de ‘representar’ nos gustaría que nos dijeran qué quieren decir. Para la OCU ‘representar’ es estar en posesión de un mandato firmado por cada afectado que tiene toda la información sobre su deuda y fotocopia para su contrato. Teniendo esto en cuenta, nosotros representamos en estos momentos unos 8.000 afectados y aspiramos a no pasar de 15.000 y ojalá sea así.

Pasando de cifras a siglas, ¿la coincidencia de esta coordinadora con las siglas del Consejo de Consumidores y Usuarios es casual?

No sé que decir. Desde luego es una coincidencia muy sorprendente, muy sospechosa y es difícil pensar que no se haya planteado con una finalidad muy clara, que es la coincidencia con unas siglas que ya llevan como mínimo diez o doce años plenamente identificadas y como referente.

En el punto número 8 de su manifiesto fundacional, la coordinadora CCU expresa su «condena del uso partidista que se ha hecho del dinero público, canalizándolo a través de ciertas asociaciones y no directamente a los afectados para que puedan libremente elegir a sus representantes legales». ¿La OCU se siente aludida por estas palabras?

Aludida no, pero sí pone de manifiesto un desconocimiento supino del decreto que concede estas subvenciones, de su finalidad y sobre todo de la escasez de esas ayudas, aunque la OCU tampoco va a pedir más por esto, a pesar de que el coste diario del operativo que tenemos montado supera los 2.500 euros. Creo que no se trata tanto de un uso partidista como de que se ha cogido como cauce, fundamentalmente de información, y que se vincula con el de los organismos que ya existen. El cauce siempre debe ser representativo y a través de instituciones y de organismos ya creados, como el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).

En algunos medios se ha interpretado este manifiesto como un enfrentamiento de esta entidad a las asociaciones de consumidores. ¿Lo considera así?

Creo que dos no se pelean si uno no quiere. En la nota de prensa que han enviado aparece la OCU como uno de los principales cómplices y culpables por negligencia en esta crisis. La OCU no va a salir al paso de esto, fundamentalmente porque queremos orientar nuestros esfuerzos a algo bien distinto a entrar en una pelea mediática. Si algún día la OCU quiere hacer algo, lo hará en los tribunales.

¿Cree que la aparición de una nueva voz en este problema puede favorecer los intereses de los afectados?

/imgs/2006/12/mugica_entrevista2.jpgAlmacén de la OCU donde se archiva y ordena la documentación de los afectados hasta el próximo 31 de agosto

Si uno ve los doce puntos que hay que firmar, el compromiso se resume en formar una plataforma reivindicativa y organizar una manifestación. Desde luego la forma de ayudar a la gente es tratando de representarles y de que puedan acceder a las acciones legales, porque son muy complicadas. Y una de las cosas que ha puesto de manifiesto esta situación o esta crisis es que la ley concursal no está pensada para esto. Y claro, encajar a todos los afectados en esta acción va a exigir una tarea de auténtico encaje de bolillos. La manera de llegar a la gente es colaborando al máximo en todo esto, lo que significa algo tan prosaico y poco ‘manifestativo’ en la calle como coger y sentarte con un abuelo de 70 años desde las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, como está nuestra gente, ayudándole a rellenar la comunicación de deuda para que ésta tenga la consideración de ordinaria y no de subordinada en la acción concursal. Eso es ayudar a la gente. ¿La nueva coordinadora ayuda a la gente? Ésta es una pregunta que no tengo que responder yo, pero pienso que hay otras maneras más eficaces de ayudar.

¿La exigencia de que la Administración devuelva íntegramente el dinero invertido supone generar falsas expectativas?

Por lo menos, expectativas de muy difícil demostración. La única forma de conseguirlo es lograr demostrar al 100%, no al 90%, al 100%, la responsabilidad civil subsidiaria del Gobierno. Pero aquí nos encontramos con un «pequeño problema». Lo que interesa es que la responsabilidad sea de la Administración, porque si es de la Administración central estamos hablando de una sola institución y de una sola ‘caja’, en este caso los Presupuestos Generales del Estado. ¿Pero qué pasa si el problema no ha sido en la regulación sino en el control? Si se ha regulado mal, algo que hoy por hoy parece difícil de demostrar porque la Adicional Cuarta de la Ley de Inversiones Colectivas es por sí misma una norma que regula, la responsabilidad recaería en el Estado. Si el problema ha estado en el control, el control de consumo está transferido a las comunidades autónomas. Entonces ya no hablaríamos de una sola acción de responsabilidad civil subsidiaria, sino que hablaríamos de 17 más dos. Si nos damos cuenta, no hablan para nada, aunque es un tema de consumo, de la responsabilidad de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque hay más de una caja. Éste es además un asunto muy delicado, porque el dinero de la responsabilidad civil subsidiaria lo pagaríamos todos, porque saldría de la caja común en la que participamos todos.
Hay mucha gente que dice que a lo mejor no es tan fácil de explicar y de justificar que paguemos todos por lo ocurrido a unas personas que -con todo lo dramático de su situación, porque lo es- en muchos casos han estado obteniendo durante años y años beneficios entre el 6% y el 10%. Además, la OCU ha venido advirtiendo de los riesgos de este tipo de inversión desde 1993«La OCU ha venido advirtiendo de los riesgos de este tipo de inversión desde 1993» riesgos que, desgraciadamente se han convertido ahora en dramática realidad para muchos inversores. Eso está en nuestra hemeroteca para quien quiera consultarlo (incluyendo la nota de prensa emitida en noviembre de 2003 tras realizar una prueba práctica en las dos entidades).

Por todo ello, nos preocupa muy mucho las expectativas que se están creando. Desde la OCU pelearemos el tiempo que haga falta para tratar de recuperar la mayor parte posible del dinero invertido, pero evidentemente sabemos, y es lo que hay que decirles muy claramente a los afectados, que estamos en unos procedimientos que no van a ser breves, que nadie espere que el año que viene vaya a recuperar todo el dinero. Estamos hablando de procedimientos que, en el caso de lo penal, pueden superar diez años y en el caso del concursal dos o más. Son procedimientos largos y de final incierto y en los que va a ser difícil recuperar el 100%.

¿En esta crisis, a quién hay que atribuir entonces la responsabilidad?

Hay una cosa que está muy clara: aquí hay unas empresas que han puesto un negocio que consistía en ofrecer como si fuera una inversión económica entrar en el mundo del coleccionismo, una inversión en bienes tangibles. Luego a estas personas se suman las que han captado a la gente -no hay que olvidar que este sistema ha crecido a través de lo que nosotros llamamos círculo de confianza (familiares, amigos?)-. También hay una responsabilidad de las personas que han decidido participar en este negocio. Claro, si te ofrecen unos rendimientos que multiplican por tres, cuatro o cinco lo habitual, debería dar qué pensar. Habrá que ver también si ha habido una dejadez de la Administración por no regular de la forma adecuada? Entendemos por tanto que la responsabilidad es muy compartida y que la culpabilidad se va a establecer en los procedimientos que están en marcha: si son sólo los dirigentes, si también son los auditores, si hay que incluir a la Administración?


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