Miles de contaminantes químicos persistentes (COP´s) están presentes en nuestra vida diaria, los respiramos y tocamos pero no los vemos. Se acumulan en el cuerpo y pasan largos años de incubación sin que se conozcan sus efectos finales. La mayoría los amontonamos a través de los alimentos, que inician un incierto viaje en la cadena alimentaria con resultados aún no evaluados. Los expertos estiman que cada ser humano porta en su organismo al menos 300 COP´s. Calculan que la industria química ha creado unos 100.000, pero sólo se conoce un millar.
En la localidad tarraconense de Flix se encuentra una de las mayores plantas de fabricación de derivados del cloro (DDT). España esperó hasta 1994 para desterrar el DDT, a pesar de que ya se conocía su toxicidad desde 1962. «Todos los COP´s son tóxicos por definición, pero sus efectos para la salud y los impactos ambientales a largo plazo se desconocen en gran parte», afirma el director de la organización ecologista World Watch España, José Santamarta.
El DDT es uno de los pocos contaminantes persistentes químicos de los que se conocen esos efectos. La mayoría nunca aparecen en los prospectos ni en los libros de instrucciones, y hay docenas de familias de complejos nombres. De vez en cuando, saltan las alarmas para los consumidores. En 2000, el tributilestaño (TBT) descubierto en los pañales infantiles y en ropa deportiva de las marcas más prestigiosas provocó un escándalo que empezó en Alemania y salpicó a toda la Unión Europea (UE). «Esta contaminación está en todos los ámbitos, aunque los niveles de ingesta de dioxinas aumentan a través del polvo ambiental», explica el responsable del Laboratorio de Dioxinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Barcelona, José Llerena.
Greenpeace en los hogares
Dentro de sus limitados conocimientos, los expertos creen que los COP´s más peligrosos son los llamados disruptores endocrinos, unas sustancias químicas capaces de perturbar el sistema metabólico de los seres vivos. «Sus cantidades suelen ser mínimas, pero la exposición es constante», recuerda Sara del Río, responsable de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace. Un equipo de esta organización ha seleccionado 25 hogares de cuatro ciudades españolas para detectar sustancias químicas perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Equipados con aspiradoras, los miembros de este equipo han finalizado esta semana la recogida de partículas en suspensión y polvo ambiental que remitirán a un laboratorio. Sus resultados serán expuestos en público para concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de exigir a los gobiernos que investiguen y regulen el uso de COP´s.
«Cada vez que investigamos sobre un sector se nos acusa de crear alarma social», denuncia el catedrático de Radiología y pionero en los estudios sobre disruptores endocrinos, Nicolás Olea. Su equipo de la Universidad de Granada ha buscado respuesta a nuevas enfermedades que surgen sin explicación aparente, como la creciente frecuencia de anormalidades genitales en los niños en zonas de Granada y Almería, donde se usan plaguicidas como el endosulfán. Han registrado más de 500 casos de cliptorquicias (testículos no descendidos en los infantes).
Olea forma parte de la red europea Credo (Consorcio para el estudio de los disruptores hormonales), formada por 63 grupos de trabajo que han recibido 20,3 millones de euros para investigar. «Nos piden que demostremos los efectos antes de que se hagan leyes. Pero no se puede esperar más años porque para muchas sustancias harán falta 25 años o más para llegar a conclusiones», asegura este especialista.
Garantías para los usuarios
Olea reclama un marco legal que piense más en las garantías para los usuarios frente a «una industria química que sólo quiere mantener su competitividad».»Hay que empezar a generar datos para buscar respuestas. El Parlamento Europeo aprobó en 2001 el principio de precaución, que decía: «ante la incertidumbre, abstención». Pero, hasta hoy, ante la incertidumbre, más de lo mismo», apunta.
En 2001, la Unión Europea publicó un libro blanco que esbozaba el marco de un nuevo enfoque para el control de la producción de sustancias químicas. «Desde entonces, la gran industria química ejerce grandes presiones como «lobby» para evitar una legislación más dura», afirma Olea.
Es el debate entre el desarrollo tecnológico y el precio a pagar por sus ventajas. «Se trata de aportar datos para marcar un orden de prioridades y poder elegir. Esa ley debe hablar de fuentes de exposición y sus niveles, para que los usuarios sepan a qué atenerse y qué riesgos corren cuando utilizan un producto», resume Olea. Una demanda que ya figura en las conclusiones finales del último Congreso Nacional de Medio Ambiente de 2002: «Se propugna que la Administración elabore una reglamentación que establezca niveles límite y métodos de referencia para la evaluación de los parámetros que condicionan la calidad de ambientes de interior (físicos, químicos y biológicos)».
