España se sitúa 17 puntos por encima del límite de emisiones fijado por el Protocolo de Kioto

El sector del procesado de la energía es el más contaminante, con el 77,11% de las emisiones
Por EROSKI Consumer 31 de mayo de 2003

El Ministerio de Medio Ambiente ha realizado por primera vez un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero por comunidades. Este estudio pone de manifiesto un saldo negativo de emisiones en 2001 (últimos datos disponibles), con un descenso de un 1,49%, lo que sitúa a España un 32,2% por encima del año considerado base para estos cálculos (1990), y todavía más de 17 puntos sobre el límite fijado para nuestro país en el Protocolo de Kioto.

La distribución de emisiones por comunidades autónomas indica incrementos superiores a la cifra total nacional en 12 de ellas, Ceuta y Melilla durante estos once años, debido al desarrollo de sectores industriales y energéticos que emiten este tipo de gases y al transporte.

Así, Canarias incrementó entre 1990 y 2001 un 68,8% sus emisiones, la Comunidad Valenciana un 56,8%, Baleares el 51%, Madrid el 49,7%, Extremadura el 45,4%, Melilla el 44,1%, Andalucía el 42,7%, La Rioja el 40,6%, Murcia el 40,3%, Navarra el 37,6%, Ceuta y Castilla-La Mancha el 35,2%, Cataluña el 33,1% y Cantabria el 32,3%. Por debajo del incremento total de España se sitúan Galicia, con un aumento en once años del 23,4%, Castilla y León (20,2%), Aragón (16,8%), Asturias (14,1%) y País Vasco (9,7%).

Por sectores, el del procesado de la energía es el más contaminante, aglutinando el 77,11% de las emisiones. Dentro de este sector, las industrias energéticas (sobre todo las térmicas), el transporte y las industrias manufactureras y de la construcción son las que más aportan a ese global, por lo que también son las que más influyen en el cambio de tendencia del total de emisiones en España. En este sentido, fue precisamente el transporte lo que impidió a nuestro país incrementar su saldo negativo de emisiones en 2001, pues este sector aumentó su emisión de gases contaminantes con respecto a 2000 en un 5%, lo que casi dejó sin efecto el descenso de un 5,4% de una parte del sector energético, que se había conseguido gracias a la sustitución del carbón por fuel-oil y el gas en las centrales térmicas en servicio, o la reducción en un 1% en las emisiones de los procesos industriales y de combustión, gracias sobre todo al descenso de perfluorocarbonados (PFC) en la producción del aluminio.

Las propias industrias son las más interesadas en reducir su carga de contaminación, si no quieren enfrentarse a las multas que la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) recoge para las que no cumplan los límites de emisión en sus respectivas actividades. Esta norma entrará en vigor en 2007 y podría suponer una reducción de entre un 3 y un 3,5% de las emisiones españolas.

Además, la directiva de comercio de emisiones que prepara la Unión Europea (UE) para permitir el intercambio de derechos de emisión entre los distintos países de la UE -siempre teniendo como máximo el objetivo fijado por el Protocolo de Kioto para el conjunto de la UE (una reducción de emisiones del 8%)- obligará a las instalaciones españolas a las que afecta esa ley IPPC, unos 6.500 centros industriales, a ajustarse a un cupo de derechos de emisión que se les asignará a cada una de ellas. En el caso de que lo superen, tendrán que haber comprado derechos de emisión a otras empresas, lo que les permitirá ajustar su «contabilidad de gases» si no quieren enfrentarse a las multas. El Protocolo de Kioto deja otras puertas abiertas para «maquillar» la contabilidad de los países, como son los llamados «sumideros» de carbono; es decir, contar con el efecto de absorción de CO2 por los bosques. Además, están los llamados «mecanismos de flexibilidad», como la compra-venta de emisiones entre países que tienen compromiso de reducción y el mecanismo de desarrollo limpio, que consiste en exportar proyectos de energía limpia a países que no tienen compromiso de reducción, descontándose el país exportador la variación de emisiones por dejar de usar energía sucia.

En cuanto al transporte, la UE prepara una norma, que debería entrar en vigor en 2007, que limitará la emisión de CO2 de los coches a 140 g por kilómetro. En España, lograr el objetivo de Kioto pasa, además de por las medidas citadas -adoptar las mejores tecnologías y limitar las emisiones del transporte-, por el aumento de las energías renovables.

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