Los esfuerzos mundiales por controlar las emisiones de CO2 responsables del cambio climático para cumplir así con el Protocolo de Kioto encuentran grandes resistencias en el sector del transporte. Greenpeace denuncia que esto ocurre en Europa, sobre todo en España, donde las demás actividades reguladas por el tratado han rebajado sus índices de contaminación atmosférica.
El CO2 vertido por el transporte comercial y privado en nuestro país ha crecido desde 1990 un 89% y constituye ya una cuarta parte de las emisiones nacionales. El modelo de movilidad «insostenible» y el «imperio absoluto del transporte por carretera» son los principales obstáculos para rebajar el exceso de CO2 español, casi 30 puntos porcentuales sobre las tasas permitidas por Kioto, exponen desde Greenpeace, que ha abierto la Semana Europea de Movilidad Sostenible, que concluye el día 22 con la Jornada sin Coches.
Los ecologistas explican que durante las últimas décadas el modelo español de transporte se ha volcado en los dos modos más contaminantes y menos eficaces en términos energéticos: el transporte rodado de personas y mercancías, y el avión. La movilidad por carretera es responsable del 90% del total de las emisiones del transporte en España, seguida a gran distancia por los traslados aéreos internos. En el informe «Transporte: el motor del cambio climático», presentado esta semana, la organización ecologista repasa la evolución histórica de cada forma de movilidad y subraya que desde 1990 se ha duplicado el transporte de pasajeros y triplicado el de mercancías. El 42,7% del gasto energético español se debe a este sector en constante crecimiento, subrayan.
Greenpeace sostiene que si se adoptaran medidas para rebajar la dependencia de los modos de transporte más contaminantes en favor del transporte público, los medios no motorizados y el ferrocarril convencional, mejoraría la lucha contra el cambio climático. Entre sus propuestas, la organización ecologista defiende medidas de «fiscalidad verde» en la futura Ley de Economía Sostenible como modo de penalizar los modos más contaminantes; paralizar las obras de gran capacidad previstas en el Plan Estratégico de Infraestructuras en función del cumplimiento de los compromisos de lucha contra el cambio climático, y una ley urgente de movilidad sostenible para impulsar los medios menos contaminantes y reordenar el territorio mediante ciudades compactas y no extensas.
