El nuevo catálogo de enfermedades profesionales multiplicará por diez las reconocidas en la actualidad, que no pasan de 25.000, según el borrador de decreto que ultima el Gobierno. La lista recogerá los criterios y recomendaciones europeas e investigará las anomalías cancerígenas detectadas y aquellas con posibilidad de derivar en este diagnóstico. Para evitar que la lista quede obsoleta, será renovada automáticamente por la Comisión de Salud y Seguridad. Además, la regulación que se avecina tratará los efectos de las patologías laborales a medio y largo plazo.
El borrador está consensuado con sindicatos y patronales e irá a un próximo Consejo de Ministros, después de un largo camino iniciado en 1998. Debido a la tramitación establecida, su aplicación no se producirá hasta el segundo trimestre de este año.
Los sindicatos pretenden que el Sistema Público de Salud otorgue la baja si existe sospecha de enfermedad profesional, y admiten que sea el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales quienes declaren y reconozcan la patología. Si existen diferencias sobre el diagnóstico, será la comisión tripartita (Sistema Público, INSS y mutuas) quien resolverá, aunque la última palabra correrá siempre a cargo del Instituto.
Según datos de Comisiones Obreras (CC.OO.), existen 3,5 millones de trabajadores expuestos a sustancias peligrosas (la mitad en el sector de la construcción) y solo el 7% de las empresas reconoce su inclusión en la evaluación de riesgos. El mayor peligro proviene de que las enfermedades profesionales suelen producirse por «multicausalidad», sin que exista información sobre la mortalidad que generan.
Patologías mortales
«Un informe de 2004 apuntaba que 7.000 trabajadores perdieron la vida por patologías derivadas de su profesión, mientras que la estadística registró únicamente un fallecimiento», denunció García. Otros datos que confirman el actual desconocimiento radican en que el 16% de los casos tratados en el Sistema Público de Salud puede estar relacionado con el mundo laboral o en que el 50% de los trabajadores vuelve a su empleo después de una baja por enfermedad profesional sin que la empresa haya corregido las condiciones en las que desarrollaba la actividad causante del deterioro físico. Un tercio de los partes corresponde a menores de 30 años.
CC.OO. resalta que entre las deficiencias detectadas figuran una escasa formación médica en salud laboral y una carencia de sensibilidad para considerar que el medio de trabajo es un escenario de riesgo de enfermedades. Igualmente, el sistema de la Seguridad Social vigente apuesta por un modelo reparador e indemnizatorio sin implicaciones preventivas, junto con una declaración de enfermedad profesional que está totalmente en manos del empresario.
Desde 1998, los sindicatos reclaman actualizar el catálogo, desarrollar un procedimiento de calificación, notificación y comunicación coherente y sin restricciones y universalizar la población protegida. En paralelo es preciso, según CCOO, desarrollar normas médicas y unidades especializadas de ayuda a la calificación de la enfermedad.
Así, los sindicatos defienden que activos, jubilados y parados estén «vigilados» por la nueva regulación y que se apliquen planes de formación y apoyo para los responsables del INSS y de las mutua. También reclaman un Centro Nacional de Referencia. Todas estas mejoras exigen la coordinación de los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y de las comunidades autónomas.
