Las empresas españolas deberán pagar a partir de este año los reconocimientos médicos de sus empleados, que tienen carácter obligatorio. Se trata de un gasto que hasta ahora se estimaba entre los 42 y los 45 euros por empleado y año, pero que se verá incrementado en función del tipo de reconocimiento. En años anteriores este era uno de los servicios que prestaban las mutuas de accidentes de trabajo, que recibían por ello una compensación del Ministerio de Trabajo, a quien corresponde originalmente esa función.
La nueva normativa, surgida de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1996, encomienda los reconocimientos médicos a los servicios de prevención de riesgos laborales (sean externos o internos), función que también desempeñan las mutuas, por lo que éstas podrán seguir haciéndolos. Sin embargo, una prestación que hasta ahora no tenía coste para las empresas, ha de ser pagada a partir de este año.
Además, la normativa vigente establece que los reconocimientos deberán ser específicos -pierden el carácter de generales-, en función de la actividad de la empresa y del puesto de trabajo desempeñado, lo que quiere decir, en otras palabras, que en la mayoría de los casos serán bastante más caros. A partir de ahora, apuntan fuentes de las mutuas, ya no basta con que el trabajador vaya a los servicios médicos a pasar el reconocimiento, sino que serán éstos, o los servicios de prevención, los que tengan que analizar primero su puesto de trabajo para decidir el tipo de reconocimiento, en función de los riesgos que soporte.
Desde las patronales entienden que el pago de los reconocimientos debería ir acompañado de una reducción de las primas pagadas a las mutuas de accidentes de trabajo, ya que las prestaciones que «a cambio reciben las empresas van a ser inferiores». Lo mismo opinan de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, dado que los reconocimientos médicos generales van a ser suprimidos de las prestaciones de este organismo.
Además, las patronales piden que las revisiones anuales de los trabajadores continúen a cargo de las mutuas hasta que exista estructura suficiente en el mercado que haga posible prestar el servicio en régimen de competencia, adaptándolas en la medida de lo posible a los riesgos específicos del puesto de trabajo.
Tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la gratuidad de las revisiones anuales ha sido fijada anualmente por la Seguridad Social, por lo que las patronales piden que se mantenga esa situación, dado que las circunstancias no han cambiado.
También plantean que en sectores como el comercio y los servicios, dada la poca entidad de los riesgos, se mantengan los reconocimientos tradicionales, más baratos, mientras que los específicos se podrían incorporar en los puestos de trabajo que así lo requirieran.
