¿Qué pescado comemos realmente? La FAO alerta del fraude en el sector pesquero

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha publicado un informe que confirma lo que se sospechaba desde hace años: el fraude en el pescado y en los productos de acuicultura es un fenómeno global con un enorme impacto económico. Según el organismo, estas prácticas irregulares se han extendido por mercados, supermercados y restaurantes de todo el mundo. Afectan a cerca del 20 % del pescado que se comercializa, un volumen que la FAO estima en 195.000 millones de dólares.

El problema es mucho mayor que en otros sectores alimentarios —como la carne, las frutas o las verduras— debido, en gran medida, a la diversidad de especies que se venden, más de 30.000 en todo el mundo. Ese escenario complica la identificación y control, lo que facilita fraudes como sustituir un pescado barato por uno más caro, falsear el origen, el método de captura o alterar la apariencia del producto mediante aditivos.

El informe agrupa bajo el paraguas de “fraude pesquero” varias prácticas distintas, todas con un denominador común: obtener un beneficio económico engañando al consumidor Entre las más habituales se encuentran:

Incorporación de sustancias no auténticas al producto para modificar su aspecto, peso o frescura. Ocurre, por ejemplo, cuando se incorporan colorantes o aditivos al atún para que parezca más fresco. Este tipo de manipulación puede suponer un riesgo para la salud.

Replicar un producto de alto valor y envasarlo como si fuera el original. Un caso frecuente es vender tilapia haciéndola pasar por pargo rojo.

Elaboración de un producto que imita a otro de mayor valor sin reproducirlo exactamente. El ejemplo más conocido es el del surimi: carne de pescado deshuesada y lavada, mezclada con aditivos —generalmente de especies magras— para recrear la textura y el aspecto de la carne de cangrejo.

Distribución de productos legítimos fuera de los mercados autorizados. Sucede, por ejemplo, cuando un país importa pescado de otro que no tiene permiso para exportar a ese destino.

Información falsa o confusa en el envase: desde certificaciones de sostenibilidad inexistentes hasta métodos de producción incorrectos. Afecta tanto a productos salvajes como de acuicultura.

Incumplimiento de límites de producción o captura, superando las cuotas autorizadas. En la mayoría de los casos ese excedente se desvía y comercializa fuera de los canales oficiales, eludiendo los sistemas de control e impidiendo la trazabilidad del producto.

Reemplazo de una especie de gran valor económico por otra más barata. Sucede cuando se vende salmón de acuicultura como si fuera salvaje o se sustituye pargo rojo por tilapia. 

También se da la llamada sustitución inversa. En estos casos, capturas ilegales se comercializan bajo el nombre de especies similares para encubrir su origen, incluso aunque se vendan a un precio inferior. Es lo que sucede cuando atún rojo obtenido fuera de la normativa se etiqueta como atún de aleta amarilla o patudo.

Consiste en la alteración de la información que acompaña al producto para hacerlo más atractivo o eludir controles. Incluye la modificación de fechas de caducidad o consumo preferente, la falsificación del origen geográfico o del método de captura y la manipulación de la documentación que garantiza la trazabilidad. También es frecuente presentar pescado de acuicultura como si fuera salvaje, aprovechando su mayor valor en el mercado. 

Introducción en el mercado de productos sustraídos, siempre fuera de las cadenas de suministro controladas.

El informe no solo describe la magnitud del fraude pesquero. También presenta un catálogo de herramientas científicas que permiten comprobar qué especie se está vendiendo, de dónde procede y cómo ha sido producida.

Entre los métodos que el organismo de las Naciones Unidas considera de referencia destacan los siguientes:

• Análisis de ADN. Técnicas como el DNA barcoding o la PCR permiten identificar la especie incluso cuando el producto está procesado —en filetes sin piel, conservas o elaborados— y ha perdido sus rasgos externos.
• Análisis de isótopos estables (de carbono o nitrógeno). Esta metodología ayuda a determinar el origen geográfico del pescado y a diferenciar si procede de captura salvaje o de acuicultura.
• Espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear. Permiten detectar adulteraciones, comprobar la composición real del producto y verificar si las declaraciones nutricionales se ajustan a la realidad.
• Tecnologías emergentes. Herramientas como la fluorescencia de rayos X portátil o modelos de inteligencia artificial (IA) facilitan controles rápidos sobre el terreno e identifican los puntos de la cadena con mayor riesgo de fraude.

Los expertos de la FAO subrayan que, siempre que los países cuenten con laboratorios equipados y personal técnico cualificado, la combinación de estas tecnologías con las inspecciones tradicionales puede reforzar de forma decisiva la lucha contra el fraude pesquero.

En el informe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura traza un plan claro para gobiernos e industria: pasar de la denuncia a la acción con medidas concretas y coordinadas contra los engaños en la cadena del pescado. El informe establece prioridades que van desde la regulación hasta la tecnología:

• Armonizar las normas de etiquetado, incluyendo siempre que sea posible el nombre científico de la especie, además de reforzar los sistemas de trazabilidad “de barco a plato”.
• Fortalecer los controles nacionales y laboratorios de análisis, con apoyo especial a países con menos recursos para que puedan detectar fraudes con técnicas avanzadas.
• Implicar activamente al sector pesquero y acuícola en autoevaluaciones de vulnerabilidad, identificando y corrigiendo fallos en sus cadenas de suministro.

La FAO también subraya que la prevención del fraude pesquero está estrechamente ligada a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y a la protección de las poblaciones de peces y de los medios de vida de las comunidades costeras.

Aunque el informe está orientado principalmente a reguladores y profesionales del sector, sus conclusiones tienen una aplicación directa para cualquier persona que compre pescado en una pescadería, un supermercado o lo consuma en un restaurante. Un consumidor informado, destaca la organización, contribuye a exigir mayor transparencia de los productos a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Estas son las principales recomendaciones:

• Comprobar el nombre científico y el origen del pescado en la etiqueta, además de la zona de captura o el país de cría.
• Desconfiar de precios anormalmente bajos en especies de gran valor comercial, como el atún rojo o la merluza.
• Elegir establecimientos que ofrezcan trazabilidad detallada, con códigos de lote visibles y certificaciones accesibles.
• Buscar sellos de certificación reconocidos, como Marine Stewardship Council (MSC) o Aquaculture Stewardship Council (ASC), que cuentan con auditorías y controles independientes.

Todas estas medidas no solo protegen el bolsillo y la salud del consumidor, sino que también favorecen un mercado más transparente y contribuyen a la sostenibilidad de los recursos marinos.