La crisis deja cada día más su huella en todos los sectores. Uno de los últimos en dar la voz de alarma ha sido el de las ONG. Los recortes en las ayudas han afectado en especial a estas organizaciones, que ven comprometidos los servicios y apoyos que prestan. Así lo advierte Mario García, presidente de COCEMFE, para quien “las personas con discapacidad son las últimas en recibir los beneficios de las épocas de bonanza económica y las primeras en sufrir los momentos de crisis”. Sobre todo, peligran los programas de atención directa a usuarios que dependen de subvenciones públicas, pero además, preocupa la falta de estabilidad en el empleo por parte de las personas con discapacidad, el retraso en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, así como la exclusión en diversos ámbitos y, en especial, en el rural.
“La tasa de paro de las personas con discapacidad duplica la media general”
Por lo general, la renta de las personas con discapacidad es entre un 40% y un 50% inferior a la renta media de la población general. Este hecho se debe, entre otras causas, a que las personas con discapacidad tienen más gastos que el resto de la ciudadanía, en torno a un 30% o un 40%, mientras que sus oportunidades laborales y sus ingresos son más reducidos. De hecho, la tasa de paro de este colectivo ronda el 40%, por lo que duplica la media general.
El simple hecho de tener una discapacidad supone un sobreesfuerzo económico que se suma a las demás cargas que hay que afrontar, puesto que es necesario destinar bastante dinero a adaptaciones, tratamientos y gastos añadidos. Es cierto que a largo plazo determinados trabajos pueden provocar secuelas físicas que degeneren en una discapacidad, pero no hay una relación directa con el nivel de renta, sino con la tipología de los trabajos que se realizan.
“Habría que aprobar una nueva Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, que siente unas bases renovadas para conseguir la máxima empleabilidad y activación de este sector de la población”
Con cumplir la ley, una gran parte del problema quedaría solucionada. La mejor forma de atacar de raíz el problema es apoyar el factor que elimina la pobreza: la creación de empleo. Desde hace casi 30 años, en nuestro país es obligatorio que las empresas más grandes, con más de 50 trabajadores, reserven un porcentaje de los puestos de trabajo a las personas con discapacidad. Esta norma no se cumple en la mayoría de las empresas, solo una tercera parte de ellas lo hace, y por eso hay que tomar medidas como las anunciadas por el nuevo Gobierno para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo y asegurar el cumplimiento de esta ley. Se ha de empezar por la concienciación, para que los empresarios conozcan la existencia de la misma, y seguir por el aumento de inspecciones y la aplicación de las sanciones establecidas. Además, desde la Administración se puede fomentar su cumplimiento al incluirlo como requisito para optar a las contrataciones públicas.
Otra solución a este problema pasa por disponer de una normativa fuerte que regule y fomente el acceso al empleo de las personas con discapacidad, para de este modo reducir la brecha laboral que hay en nuestro país: mientras que la tasa de actividad de nuestro colectivo solo llega al 36%, en la población general supera el 75%. Para acabar con esta profunda desigualdad, habría que aprobar una nueva Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, que siente unas bases renovadas para conseguir la máxima empleabilidad y activación de este sector de la población.
“La Ley de Autonomía Personal y Dependencia no ha cumplido las expectativas”
No ha cumplido las expectativas. El sector de la discapacidad tenía grandes esperanzas en ella, pero lo cierto es que se ha hecho muy lenta, con unos plazos excesivos, con desigualdades territoriales tanto en la valoración como en la prestación de servicios, y en general, un desarrollo mucho peor de lo previsto. Tampoco se ha desarrollado la primera parte de la ley, la de la promoción de la autonomía personal como forma de prevenir nuevos casos de personas con dependencia y mejorar su calidad de vida. Los derechos que la ley genera en ningún caso pueden depender de las posibilidades presupuestarias ni de los convenios entre la Administración central y las comunidades autónomas, y mucho menos ser objeto de recortes como el efectuado este año para las personas con dependencia moderada, que a las puertas de empezar a beneficiarse de la ley han visto cómo se retrasa de nuevo un año más hasta 2013.
Otro de los problemas que ha surgido con la Ley de Autonomía Personal es que ha desdibujado las políticas específicas de discapacidad y, en algunos casos, las ha sustituido por otras de atención a personas dependientes, dejando fuera a miles de personas con discapacidad que no tienen reconocido ningún grado de dependencia. Es necesario mantener estas políticas, puesto que la discapacidad tiene una identidad propia y precisa de estrategias y dispositivos concebidos expresamente para esta realidad.
Desde el sector de la discapacidad hemos hecho un llamamiento tanto al Ejecutivo como al Parlamento, los gobiernos autonómicos y corporaciones locales para que, junto con los movimientos ciudadanos involucrados en su desarrollo, hagamos con la mayor brevedad posible el balance que la propia ley exige y propongamos un pacto de Estado amplio de reformas y revisiones, que necesita el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta revisión es urgente porque hay que hacer el sistema más sostenible y racional con una financiación adaptada a la realidad. En ningún caso se deben permitir recortes ni retrocesos en la protección, porque por sí sola ya genera excesivos retrasos y, en muchos casos, una atención precaria.
En nuestro país disponemos de leyes muy buenas que protegen y amparan las libertades y derechos de las personas con discapacidad y que establecen sus obligaciones. En general, cumplimos con nuestras obligaciones, pero la parte de los derechos es la que muchas veces deja bastante que desear. Es ahí donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, en velar por el verdadero cumplimiento de la ley y de los fines para los que se aprobaron, incrementando las sanciones si fuera necesario, creando nuevas para los casos en que no existen y, sobre todo, dando a conocer la amplia normativa existente a los diferentes grupos de interés y concienciando a quienes ya la conocen y siguen sin cumplirla.
“Los ciudadanos pueden ser nuestro principal aliado”
De hecho, los ciudadanos pueden ser nuestro principal aliado. Son ellos quienes pueden hacernos la vida más fácil, pueden tratarnos correctamente, con respeto, y pueden apoyar la integración de nuestro colectivo y su normalización en la sociedad. Ellos son también quienes pueden respetar los espacios específicos para personas con discapacidad en los transportes públicos y todo lo que está en su mano para mejorar la calidad de vida de este colectivo, como no aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Los ciudadanos pueden ayudar a las personas con discapacidad a reivindicar sus derechos o pueden optar por ejercer labores de voluntariado, entre otras cosas.
La calidad de vida de las personas con discapacidad física u orgánica ha mejorado considerablemente en los últimos tiempos como consecuencia de la evolución tecnológica y el desarrollo científico en materias tan diversas como la medicina, la electrónica o la informática. Los avances conseguidos hasta ahora por la comunidad científica han sido el resultado de un enorme esfuerzo humano, pero también económico. Hay muchas líneas de investigación abiertas, pero no son suficientes. Por ello, desde COCEMFE hemos rechazado de manera reiterada los recortes en I+D+i efectuados hasta el momento y los aprobados en el Congreso, puesto que esta inversión es imprescindible para seguir avanzando en la detección precoz de enfermedades, mejorar los tratamientos, e incluso, alcanzar la cura de aquellas que todavía no la tienen.
“La crisis ha hecho que las personas con discapacidad tengan muchas más dificultades para encontrar un trabajo, sobre todo, estable”
Las personas con discapacidad son las últimas en recibir los beneficios de las épocas de bonanza económica y las primeras en sufrir los momentos de crisis. La crisis ha hecho que, al igual que el resto de la población, las personas con discapacidad tengan muchas más dificultades para encontrar un trabajo y, sobre todo, un trabajo estable. Las administraciones son cada vez más exigentes para conceder prestaciones y ayudas, y muchas de las que se han concedido se retrasan en el tiempo de una forma desmesurada hasta que se hacen efectivas. De igual modo, las pensiones experimentarán un recorte por la subida de los impuestos vía IRPF. En cuanto a los servicios prestados por entidades públicas, el recorte de personal y presupuestos ha perjudicado el mantenimiento, por ejemplo, de los transportes públicos y los elementos que los hacen accesibles, ya que los tiempos hasta su reparación se dilatan y esto supone aumentar las barreras, que de por sí ya son muchas.
Las asociaciones de discapacidad llevan mucho tiempo sosteniendo la deuda de las administraciones. Sufren los efectos de esta crisis al ver comprometida la continuidad de los servicios y apoyos que proporcionan a las personas con discapacidad, debido a los retrasos en el pago de subvenciones. Estas organizaciones se ven obligadas a hacer frente a la deuda que tienen contraída con ellas las administraciones, pero esto cada vez se hace más insostenible y, si no se toman las medidas oportunas, en un futuro no muy lejano, peligrarían los servicios prestados a las personas con discapacidad y, de nuevo, volverán a ser las personas más vulnerables quienes se vean afectadas por la crisis económica.
Las organizaciones de COCEMFE se han visto obligadas a ajustar al máximo sus presupuestos como consecuencia de esa deuda que las administraciones tardan tanto en pagar. Es cierto que algunas administraciones y empresas que apoyaban nuestro trabajo han dejado de hacerlo y no han renovado determinados convenios. Esto, unido a la incertidumbre que reina en el sector de la discapacidad y los malos augurios económicos, pone en peligro los programas consolidados de atención directa a usuarios que dependen de subvenciones públicas para su desarrollo.
Sin duda, el entorno rural, porque es donde las personas con discapacidad sufren una discriminación múltiple. A las barreras físicas y sociales que podrían encontrar en el medio urbano, se suman la lejanía de muchos recursos y las dificultades de comunicación. COCEMFE lleva muchos años trabajando en el medio rural con proyectos que a su vez constituyen uno de nuestros ámbitos de intervención estratégicos. La alfabetización tecnológica ha sido uno de los principales campos de acción en el medio rural, con la realización de diferentes acciones encaminadas a que este colectivo se beneficie de las ventajas de las nuevas tecnologías para recibir una formación específica y adecuada, así como para encontrar un trabajo y desempeñarlo. Es el caso del proyecto Alfabetización TICmóvil, que desarrollamos en colaboración con la Fundación Vodafone y las oficinas y Servicios de Integración Laboral de COCEMFE en el medio rural “Inder”, que son apoyadas por Fundación Obra Social “la Caixa”. Además, COCEMFE presta especial atención a los colectivos con mayor riesgo de exclusión, como las mujeres con discapacidad del medio rural que superan los 45 años de edad y que requieren una intervención específica para su integración y normalización en la sociedad.
En la actualidad, COCEMFE gestiona una red de centros de atención integral para personas con gran discapacidad. De manera tradicional, en su mayoría, estas personas han sido atendidas por sus familiares en casa, pero gracias a estos centros cuentan con ayuda cuando carecen de la posibilidad de prestarles una atención de calidad. “Entonces seguirán recibiéndola en un centro completamente preparado para ello”, indica Mario García.
Pero la labor de COCEMFE es muy variada. También actúa en el campo de la formación y el empleo para una “integración real”, con la creación de unos 5.000 empleos anuales, y desarrolla un programa de turismo y termalismo para personas con mayores grados de discapacidad y menos recursos económicos, que beneficia cada año a más de 2.000 personas. Otras áreas que cubren COCEMFE y sus más de 1.600 entidades son los servicios de asesoramiento a personas con discapacidad, empresas e instituciones “para ayudar al cumplimiento de la legislación sobre discapacidad”. “Las labores de sensibilización, a todos los niveles y en todos los entornos, nos proporcionan importantes resultados para conseguir nuestros objetivos, porque muchas veces la falta de conocimiento imposibilita que podamos ejercer nuestros derechos”, añade Mario García.
A su vez, destacan servicios directos como el transporte adaptado, con más de 400 recursos distribuidos por el país, o los servicios de rehabilitación, que superan el centenar de unidades especializadas, así como líneas específicas de trabajo dirigidas a la mujer con discapacidad, “para conseguir su máxima autonomía y erradicar la violencia de género que sufren”.
Por último, desde hace 15 años, desarrolla una línea de Cooperación para el Desarrollo con América Latina, que ha permitido llevar a cabo 25 proyectos que han beneficiado a cerca de 10.000 personas de diferentes países. Los objetivos han sido el fortalecimiento institucional, la integración laboral, la participación ciudadana y la sensibilización sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.
