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¿Qué derechos tenemos ante las cámaras en zonas públicas?

Las cámaras de videovigilancia se colocan en organismos públicos y empresas con fines de seguridad, pero pueden invadir la intimidad del ciudadano

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La vida pública queda registrada en las cámaras de videovigilancia instaladas en algunas calles. Su objetivo es grabar las posibles malas acciones de los ciudadanos, pero para ello tienen que observar todo lo que sucede: las escenas de la vida cotidiana, quién se relaciona con quién o quiénes son pareja. Las
videocámaras de vigilancia acechan en la vía pública y en el interior de empresas y comercios, hasta el punto de crear
preocupación incluso en la Agencia Española de
Protección de Datos
. ¿Qué derechos tienen
los ciudadanos frente a esta práctica y qué deberes quienes instalan estos sistemas?

Cámaras por prevención

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Las cámaras de videovigilancia se colocan en distintos lugares con el fin de prevenir delitos o reunir
pruebas para perseguir a quienes los cometan. Esta práctica plantea la disyuntiva entre una
suerte de seguridad preventiva y una cesión de la intimidad de
los usuarios, a quienes se puede captar en momentos privados.

Solo
las Fuerzas de Seguridad pueden instalar las cámaras de
seguridad en la vía pública. La Ley Orgánica
4/1997 de 4 de agosto les reserva esta atribución. Por
otro lado, las cámaras que se sitúan en las carreteras dependen de las
autoridades que gestionan el tráfico, como la DGT, y es obligatorio señalizar su situación.

Ninguna empresa u organización puede instalar sistemas de vigilancia en la calle

Por esta razón, en principio, ninguna
empresa u organización puede instalar sistemas de vigilancia
en la calle. Se tienen que limitar al entorno privado, con la
única excepción de que la vía sea el único
lugar posible para captar la escena deseada y siempre que el objeto
de grabación pertenezca a la compañía. Es el caso de emplazar una cámara
en la calle para conseguir la perspectiva suficiente para vigilar un
garaje. De manera inevitable, se grabaría a las personas que
pasearan por la acera en la parte correspondiente al garaje.

En los lugares de trabajo también se pueden
colocar cámaras y no es necesario el consentimiento de los
trabajadores
. Sin embargo, se debe informar de que se han instalado.
Según la legislación actual, hay que seguir el
principio de la proporcionalidad. Es decir, que no haya un método
menos invasivo para la intimidad y que se sitúen donde menos
molesten a las personas. No se pueden instalar en baños
o vestuarios, zonas de descanso, taquillas, ni en las aulas de un
colegio
(salvo casos excepcionales) o en zonas donde la imagen de la
persona pueda verse afectada
, como los gimnasios.

Notificar la presencia de la cámara

Las empresas u organismos que instalen un sistema
de videovigilancia deben notificárselo a la Agencia
Española de Protección de Datos
(AEPD)
, incluso si son comunidades de vecinos, una tarea para la que tendrán
que contratar a una empresa de seguridad privada acreditada, según
la Ley de Seguridad Privada. Además, se debe designar quién
será el responsable del visionado de las imágenes y qué
personas están autorizadas a contemplar las mismas.

Cualquier persona, antes de ser

grabada, debe saber que transitará por una zona
videovigilada

Por otro lado, se debe señalar de forma
clara la zona donde se registra la videovigilancia
con “al menos
un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible”,
según la Instrucción
1/2006
de la AEPD. Esto no significa que se deba poner al lado de
la cámara, sino que cualquier persona, antes de ser
grabada, debe saber que transitará por una zona
videovigilada.

Al mismo tiempo, las empresas u organismos tienen
la obligación de facilitar hojas a los ciudadanos donde se
informe de los derechos de acceso y cancelación de su
presencia en esas imágenes. El propietario del sistema debe
identificarse en los casos en que haya varias posibilidades, como puede ser dentro de un centro comercial.

Si se graban y guardan las imágenes de
las cámaras de videovigilancia, se debe crear un fichero y
registrarlo en el Registro General de Protección de Datos
de la AEPD
. Las empresas se exponen a sanciones en caso de no
hacerlo. Si solo son visualizadas por un
encargado de seguridad y no se registran en ningún soporte,
desaparece la obligación de elaborar el fichero.

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