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José María Lancho, abogado y director legal del Observatorio de Neutralidad Tecnológica

Dentro de la Administración Pública la tecnología Microsoft todavía domina claramente

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 26 abril de 2007

José María Lancho explica que sólo acabar la carrera de Derecho comenzó a trabajar como asesor legal de varias empresas de software propietario. Con ellas tuvo desagradables experiencias en el mundo de la Administración Pública, donde asegura que siempre ganaban los concursos las mismas empresas, de un modo sospechoso. Fue así que con el tiempo, y dando rienda suelta a su inquietud por las nuevas tecnologías, se decidió a crear junto al ingeniero Julian Coccia el Observatorio de Neutralidad Tecnológica, un instrumento para revisar minuciosamente los procedimientos que usan las distintas administraciones a la hora de emplear la informática y de pagarla con el dinero de los contribuyentes. Lancho asegura que no se trata necesariamente de que siempre gane el software libre, sino simplemente optar por el que, a igualdad de calidades, menos costes acabe dando a los ciudadanos que ponen el dinero público.

¿Podría explicar el concepto de neutralidad tecnológica?

“Ninguna tecnología debe ser discriminante, afectar a la independencia de una sociedad abierta, a su soberanía y a la libertad de cualquiera de escoger”
La tecnología informática está sometiendo a un amplio proceso de reforma al Estado; por lo tanto, el principio de neutralidad tecnológica es la garantía de que esa tecnología que se introduce en las infraestructuras públicas informáticas no va a suponer una modificación perjudicial de nuestros derechos y libertades fundamentales en favor del fabricante de esa misma tecnología. Ninguna tecnología debe ser discriminante, afectar a la independencia de una sociedad abierta, a su soberanía y a la libertad de cualquiera de escoger la tecnología que más le conviene sin ser discriminado por el Estado por ello.

¿La neutralidad tecnológica es una alternativa posible entre otras o un derecho que tienen los ciudadanos?

“¿Se puede seguir sosteniendo que en una situación de monopolio tecnológico se puede construir una sociedad electrónica abierta?”Es una obligación de resultado que excluye la dependencia tecnológica y, desde luego, la posibilidad de monopolio sobre el espacio informático de la Administración Pública. El principio de neutralidad tecnológica debe verificar que no pueda haber predominios tecnológicos propietarios que condicionen el futuro del desarrollo informático de los servicios públicos. ¿Se puede seguir sosteniendo que en una situación de monopolio tecnológico se puede construir una sociedad electrónica abierta? ¿El desarrollo de las libertades públicas deberían ser negociadas con una empresa privada y extranjera? ¿Cada nueva funcionalidad tecnológica que se convierta en derecho va a obligarnos a pagar una licencia a una empresa monopolísitica? Estas preguntas no son banales; esto ocurre con muchos trámites administrativos para los que los ciudadanos tienen que comprar un determinado navegador, o incluso un determinado procesador de textos para tener acceso a sus derechos como ciudadanos. La neutralidad tecnológica debe garantizar la libre concurrencia para cualquier tecnología que pueda servir a nuestra democracia y a mayores y mejores servicios públicos, y también garantiza que cualquier creador con algo que ofrecer tenga una oportunidad de hacerlo y nosotros de beneficiarnos de ello.

¿Cuál es la labor que realiza el Observatorio de Neutralidad Tecnológica?

“La Administración Central carece de instrumentos legales internos para emprender la corrección de los desequilibrios y los problemas que las nuevas tecnologías han causado” Aunque suene paradógico, la Administración Central carece de instrumentos legales internos para emprender la corrección de los desequilibrios y los problemas que las nuevas tecnologías han causado en los modelos tradicionales de servicios públicos. El Observatorio de Neutralidad Tecnológica ha surgido con la intención de facilitar, desde fuera, la buena predisposición de reforma que tiene una parte de la propia Administración. Hemos efectuado una labor de investigación y análisis, hemos hecho públicas conclusiones que se pueden verificar y hemos podido emprender, en general con éxito, algunas acciones legales dirigidas a corregir abusos tanto en el entorno público como privado, básicamente orientadas a lograr la apertura del mercado público informático a empresas y desarrolladores independientes. La industria española del software, especialmente del software de código abierto, tiene mucho que ofrecer a la Administración pública. ¿Porqué nuestros servicios públicos no pueden adquirir y utilizar las herramientas más óptimas? ¿Porqué la enorme factura anual de nuestras Administraciones en bienes y servicios informáticos apenas corresponde a concursos públicos abiertos?

¿Cuántas personas lo integran? ¿Qué estatus tiene, es una ONG?

“¿Porqué la enorme factura anual de nuestras Administraciones en bienes y servicios informáticos apenas corresponde a concursos públicos abiertos?”Hemos intentado reducir al mínimo la membrana legal del Observatorio de Neutralidad Tecnológica para conseguir un proyecto en red, muy poco rígido, que implica a personas fuera y dentro de la Administración; en cualquier caso hay varios abogados, un equipo de informáticos liderados por Julian Coccia, e incluso dos sociólogos, entre ellos Natalia Fernández Durán, e incluso una pintora, María Blanco Cobaleda, que nos hizo un magnífico logo. Pero lo fundamental es el respaldo de las personas que desde dentro de la Administración nos dirigen sus denuncias y los ciudadanos que no se conforman y se quejan. Indispensable es también la cobertura que desde los colectivos libres y que lideran la revolución digital hemos tenido: Hispalinux, Linux Español, Legalventure, ATI, RITSI e incluso importantes proyectos de comunicación como Linux Magazine.

¿Cómo está actualmente la situación en cuanto al uso de software propietario en la Administración española? ¿En qué proporción se usa software libre en las oficinas públicas españolas?

“En su momento el Ministerio de Administraciones Públicas reconoció la presencia de la tecnología Microsoft como generadora de dependencia tecnológica”
La escasez de los datos públicos, me refiero a los comprensibles por los ciudadanos, de la contabilidad pública en España es deliberada. Convivimos con una Administración acomodada a veces con la opacidad, desconfiada de la opinión pública y por tanto no siempre beneficiada por una decisión pública bien informada. Los datos que tenemos no son a los que tiene acceso un ciudadano corriente, nos costó un largo camino legal y una buena voluntad de algunos funcionarios conscientes de su deber público. Que el lector haga sus propias cuentas… Dentro de la Administración Pública la tecnología Microsoft domina (son datos de hace casi un año) claramente en los segmentos de plataformas de ordenadores personales (hasta un 92%), los de sistemas pequeños (un 64%) y los de medios (al menos un 52%). En su momento el Ministerio de Administraciones Públicas reconoció la presencia de la tecnología Microsoft como de situación “sobresaliente” e incluso generadora de dependencia tecnológica. Estos datos son fiel reflejo de lo que sigue sucediendo ahora mismo.

¿No es lógico que las administraciones públicas hayan usado durante estos diez últimos años programas de software propietario, dado que inicialmente fueron los primeros en estar disponibles?

“Estamos hasta tal punto afectados por esta “cautividad tecnológica” que no hemos sido capaces de acatar las decisiones comunitarias”
Hace años que la Administración Pública española es consciente de su situación de dependencia tecnológica y, por supuesto, de la existencia de un monopolio dentro de su propia infraestructura. Ya sabemos todos que la Administración moderna nació cuando se inventó el pasado como chivo expiatorio de todos los problemas. Hace años que existen alternativas tecnológicas a la tecnología del monopolio y que los principios fundamentales de nuestra contratación pública se vulneran sistemáticamente. Desde las instituciones de la Unión Europea se nos ha sancionado por ello, pero estamos hasta tal punto afectados por esta “cautividad tecnológica” que no hemos sido capaces de acatar las decisiones comunitarias.

¿Es lógico que se siga habiendo oficinas públicas que usen software propietario cuando existe una alternativa libre y de código abierto? ¿No son los contribuyentes los que pagan esos programas y por lo tanto tienen derecho a la alternativa más barata en igualdad de condiciones?

“¿No tienes tú también la sensación de que pagamos para que nos discriminen?”
Lo has expuesto con bastante precisión. El programador Julian Coccia ha podido demostrar que mayoritariamente los servicios públicos prestados desde Internet eran discriminatorios respecto a tecnologías alternativas a Microsoft. Son datos verificables y que nadie ha contestado. ¿No tienes tú también la sensación de que pagamos para que nos discriminen?

¿Qué piensa de la constante ambigüedad del Ministerio de Administraciones Públicas respecto a la obligación o no de usar software libre en las administraciones españolas?

“El Ministerio de Administraciones Públicas puede pagar un alto coste por su silencio”
El Ministro tiene al monopolio en casa y en esa situación la mordaza puede ser parte del vestuario obligatorio para cualquier espíritu prudente. Sin embargo el Ministerio de Administraciones Públicas puede pagar un alto coste por ese silencio. El MAP podría perder la iniciativa y la oportunidad histórica de liderar el cambio tecnológico en este país. Al final, serán las comunidades autónomas las que tomen la delantera y acierten con el modelo de la reforma.

La nueva Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP) permitirá a los ciudadanos hacer gestiones con el software de su preferencia. ¿Es esto suficiente para preservar la neutralidad tecnológica?

El proyecto no garantiza una construcción participativa del Estado electrónico. No sólo en la tramitación de la ley se ha prescindido de la consulta a los agentes sociales; nadie ha pedido opinión a sindicatos, asociaciones de consumo, colectivos empresariales, etc. Es más, la nueva ley no lo prevé para lo que será el desarrollo de la Administración electrónica del futuro. La democracia quedará como un ejemplo de método analógico para los ‘hackers’ y los nostálgicos.

¿Cómo valora la LAECAP? ¿Qué aspectos negativos y cuáles positivos tendrá?

“La LAECAP creará derechos pero restará garantías”Tal como está, la ley creará derechos pero restará garantías. Es una ley que nace con un noble propósito, pero que genera una crisis natural de poderes dentro del Estado. Rediseña la posición entre el ciudadano y el Estado, el papel de ambos, y este proyecto no lo hace en favor del ciudadano, ni en favor de la construcción participativa del Estado electrónico. Es necesario tener claro que el desarrollo tecnológico afecta a los equilibrios entre poder, control de ese poder y derechos individuales y colectivos. De no restablecerse continuamente este desequilibrio natural, se producirá en un momento no necesariamente lejano una fractura del Estado de Derecho. La tecnología ha dotado de mayor eficacia y recursos a la Administración en la consecución de sus fines mediatos, pero no ha hecho lo mismo con la capacidad de control que el resto de los poderes tienen sobre ella.

¿Cuál sería, desde su punto de vista, la situación ideal para la administración española?

“La Administración electrónica supone una oportunidad única para replantear el modelo de ciudadanía que hemos conocido hasta ahora”
La Administración electrónica supone una oportunidad única para replantear el modelo de ciudadanía que hemos conocido hasta ahora. Permite matizar los aspectos menos justificables del viejo principio de autoridad en favor de otros principios como participación, información o incluso colaboración. Facilita la iniciativa particular en el orden público y posibilita fórmulas absolutamente novedosas de asociacionismo. En fin, algunas cosas que nadie se ha acordado de incluir en el proyecto.

Poco a poco en las administraciones públicas de Europa se van imponiendo estándares de software libre, como está ocurriendo con Open Document de OpenOffice, un formato de texto libre y tan válido como el Microsoft Word. Parlamentos como el belga o el noruego lo han adoptado. ¿Debería el Parlamento español pronunciarse de igual manera?

“[El uso de estándares abiertos en la Administración] será una cuestión de vida o muerte para la supervivencia de la democracia en Europa” Es una cuestión de medio plazo la existencia de estándares abiertos en las Administraciones públicas: será una cuestión de vida o muerte para la supervivencia de la democracia en Europa. La cuestión va más allá de una factura. Si ahora mismo Europa lidera el software en código abierto no es por casualidad.

El formato Open Document acepta archivos de Microsoft Word, pero Microsoft Word no permite que sus usuarios puedan abrir un archivo de Open Document. ¿Es legal y tolerable esta situación?

“No hay un solo elemento, ni legal ni técnico, que sirva para justificar el retraso en la utilización de un recurso informático mucho más barato y que satisface las máximas garantías tecnológicas”
Los servicios públicos no pueden convertirse en el cambpo de batalla desde el que una multinacional haga su guerra particular en favor de desplazar a sus adversarios tecnológicos. El Ministerio de Administraciones Públicas ha cambiado el compromiso técnico de adopción oficial del formato OASIS ODF para los documentos administrativos, algo que se justifica aún menos cuando se ha publicado para este formato la norma ‘ISO/IEC 26300 Open Document Format for Office Applications’. No hay un solo elemento, ni legal ni técnico, que sirva para justificar el retraso en la utilización de un recurso informático mucho más barato y que satisface las máximas garantías tecnológicas.

¿Tienen ustedes desde el observatorio calculado lo que puede llegar a ahorrarse una administración determinada si se pasa del software propietario al libre?

“En las nueve licitaciones para el ámbito de telecomunicaciones del año 2005, el ahorro para la Administración fue de prácticamente un tercio” El coste real de la actual dependencia tecnológica se conoce poco; para empezar, no está basada en transferencia efectiva de tecnología. Te dejan usar el programa pero no te cuentan cómo funciona ni eres jamás su dueño; tampoco supone inmigración de personal cualificado, ni desde luego supone una base para desarrollo local tecnológico. A esto añadiría además que las Administraciones públicas logran importantes ahorros por efecto de la competencia cuando sacan a concurso los servicios que encargan. En las nueve licitaciones para el ámbito de telecomunicaciones del año 2005, el ahorro para la Administración fue de prácticamente un tercio y no fue el sector donde se obtuvo el mayor ahorro.


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