Ecologistas, consumidores y la industria de bienes de consumo están al tanto de la entrada en vigor mañana de la nueva directiva sobre etiquetado y seguimiento de productos con organismos genéticamente modificados (OGM´s) o transgénicos, aunque los operadores no estarán obligados a cumplirla hasta dentro de seis meses. La norma exige la plena identificación, en las etiquetas de cualquier producto, de la presencia de transgénicos cuando su proporción supere el 0,9% de la composición del alimento. Por debajo de este porcentaje, la presencia se considera «accidental» y no será obligatorio especificarla.
Consumidores, industrias y ecologistas coinciden en señalar que esta directiva, que rompe cuatro años de debates en Europa sobre la materia, supone una victoria de los derechos del usuario. «Ahora ya no se tratará de acciones de protesta ante sus oficinas, sino de llevarles a los tribunales si incumplen la ley», expresó con contundencia la postura de Greenpeace España, su portavoz en Ingeniería Genética, Juan Felipe Carrasco.
Sin embargo, el articulado tiene una serie de recovecos por los que se consolidará la entrada en la cadena alimentaria humana de los elementos modificados en el laboratorio. En consonancia con el proyecto de ley de liberación de transgénicos que también prepara España, la normativa deja fuera de este control a «los organismos genéticamente modificados que sean productos o componentes de productos». De esta forma, los derivados lácteos y los cárnicos quedan fuera, a pesar de que las organizaciones agrarias calculan que el 60% de los piensos de engorde animal importados (unos nueve millones de toneladas) son transgénicos.
Fuentes de la industria de semillas transgénicas y de consumo admitieron cambios en sus pautas productivas. «La mayoría comprará el maíz en otro sitio para no meter la palabra transgénico», explican unos, mientras otros reconocen su «temor a aparecer en las guías o campañas en contra de las organizaciones contrarias al uso de estos productos».
Ese temor de la industria está relacionado con las pautas de consumo de los españoles. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) advierten de que más del 80% de los ciudadanos no se fía de las ventajas de la tecnología de la alimentación y que incluso pagaría un poco más si le garantizan el carácter biológico de lo que lleva a su mesa.
Reticencias
Frente a las reticencias del resto de socios europeos y en línea con las presiones de Estados Unidos sobre la materia, España es uno de los grandes impulsores de productos transgénicos. Es el único país de Europa que los cultiva con fines comerciales (maíz y soja) y, tras autorizar cinco nuevas variedades de maíz en febrero, sobre la mesa del ministro de Agricultura, Arias Cañete, hay otras treinta variedades esperando, además de una docena de variedades de algodón, así como otras de colza, remolacha o patatas.
La directiva europea exigirá que los productos adviertan «de manera clara y visible» en su listado de componentes de la presencia transgénica. «Tardaremos aún mucho en ver está palabra escrita en una etiqueta», vaticina la responsable de Comunicación de Antama, una fundación que representa a las empresas productoras de semillas.
La norma, de obligado cumplimiento a partir de abril de 2004, establece mecanismos para «trazar» el uso de todos estos derivados, desde que son una semilla hasta que llegan al plato. De esta forma, podrá hacerse una especie de auditoría a cualquier producto que levante las sospechas de las autoridades de consumo.
Ventajas e inconvenientes
Uno de los principales argumentos de los agricultores contrarios a las semillas modificadas en una probeta es la imposibilidad técnica para determinar la contaminación real de sus cosechas. Distintos informes han llegado a conclusiones contrarias.
Así, la consultora Brookes West hizo público un estudio en septiembre del pasado año en el que los cultivadores de la variedad de maíz modificado (Bt) «están obteniendo mayor producción, mejor calidad y mayor beneficio».
Un año después, el informe «Al grano, impacto del maíz transgénico en España», promovido por Amigos de la Tierra y Greenpeace, decía justo lo contrario y advertía de que «los daños causados al medio ambiente y a la agricultura no se limitan al ecosistema original». Es decir, ningún control impide que el polen viaje a otras cosechas y, al final, lo transgénico invada todo.
El último estudio fue hecho público por el Gobierno británico y concluye que los OGM´s provocan «efectos genuinos y sustanciales» sobre el medio ambiente. La Oficina Española de Variedades Vegetales desarrolla hoy día su propio estudio en tres campos de ensayo.
