Las denuncias presentadas por Uni2 y WorldCom en 2000 y 2001 contra Telefónica Móviles, Vodafone y Amena por las tarifas de interconexión -precios que se cobran entre sí las propias operadoras- ha dado lugar a que el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) haya abierto un expediente sancionador a las tres citadas compañías.
El asunto de las tarifas de interconexión, que repercute directamente en el precio que paga el consumidor, también está siendo objeto, desde el año pasado, de una investigación por parte de las autoridades de la Comisión Europea.
En cualquier caso, el tema tardará varios meses en resolverse, ya que el SDC, dependiente del Ministerio de Economía, tiene un año para decidir si archiva la investigación o la traslada al Tribunal de Defensa de la Competencia por hallar indicios de que han actuado vulnerando la ley. En este supuesto, Telefónica Móviles, Vodafone y Amena podrían sufrir fuertes sanciones.
Puede servir de ejemplo que el Tribunal de Defensa de la Competencia tiene en su poder, desde hace cuatro meses, el expediente incoado por el SDC a Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola sobre un presunto pacto de precios ocurrido en noviembre de 2001.
En la denuncia presentada, las operadoras de telefonía fija señalaban que los precios de interconexión de fijo a móvil en España son muy altos y deberían tender a la baja como está sucediendo en Europa.
Para estas operadoras de telefonía fija, las de móvil están utilizando los altos precios de fijo a móvil para subvencionar ofertas de móvil a móvil que en el sector empresarial están ofreciendo con precios entre un 30 y 50% por debajo del fijo a móvil.
En el mes de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) aprobó reducir en un 17,13% los precios máximos de interconexión para la terminación de llamadas entre operadoras de fijo con las redes de Telefónica Móviles de España y Vodafone.
Entonces se dijo que con esta medida, de carácter transitorio, se trataba de orientar a costes la terminación de llamadas de las operadoras móviles dominantes y los aproximaba a los precios europeos, mientras se estudiaba el sistema de precios de interconexión definitivo.
Crítica
Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) criticó ayer mediante una nota que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no cuente con las asociaciones de consumidores para analizar la calidad del sector de la telefonía móvil. FACUA critica el hecho de que el citado ministerio haya anunciado que esta semana se reunirá la comisión de calidad de la telefonía móvil, en la que participan las operadoras y la dirección general de Telecomunicaciones, pero no los representantes de los consumidores. «El órgano dará una visión totalmente parcial del sector al no contar con la voz crítica de las asociaciones de consumidores», señala la nota.
Esta federación considera «que el reglamento que regule los parámetros de calidad del sector debe aprobarse cuanto antes y en ningún caso demorar más la situación de desprotección que sufren los consumidores españoles a la espera de una directiva europea sobre la materia».
Asimismo, afirma que la norma «debe obligar a las compañías a indemnizar a los usuarios, con una cuantía acorde a los perjuicios causados, ante problemas de cobertura o interrupciones del servicio como el que sufrieron los clientes de Vodafone el pasado 20 de febrero».
