Los ministros de Transporte de los Quince aprobaron ayer por unanimidad el reglamento que prohíbe el transporte de fuel pesado en petroleros monocasco y acelera los plazos de retirada definitiva de este tipo de embarcaciones. La norma, aún pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo, afecta a buques con pabellón europeo o que atraquen o reposten en puertos europeos.
La prohibición del transporte de fuel pesado tendrá carácter inmediato desde la entrada en vigor del reglamento -en torno al próximo mes de julio- para todo monocasco superior a las 5.000 toneladas. Para buques de inferior tamaño, habituales en el transporte de combustible entre islas, se establece un periodo transitorio que expira en 2008, justificado por la carencia de buques de doble casco en este sector.
El Consejo de Ministros también respaldó las propuestas de la Comisión Europea y de España de adelantar los plazos de retirada definitiva de monocascos previstos en la normativa aprobada a raíz de la catástrofe del «Erika» frente a las costas francesas. Así, los buques dotados de un sólo tanque, que transporten crudo y pesen a partir de 20.000 toneladas, o que transporten derivados de crudo y pesen a partir de 30.000 toneladas, no podrán acceder a los puertos europeos cuando superen los 23 años o, en todo caso desde 2005, en lugar de 26 años y 2007 como fija la normativa actual.
En cuanto a los monocascos que carguen crudo y derivados, superen los pesos mencionados, pero dispongan de refuerzos laterales o en el fondo del casco, deberán retirarse cuando cumplan 28 años, en todo caso en 2010, en lugar del actual 2015. El mismo adelanto se produce en la tercera categoría, que engloba monocascos entre 5.000 y 20.000 toneladas -si transportan crudo- o 30.000 toneladas -si cargan derivados-.
«Defender» las costas
Por otro lado, Reino Unido, Irlanda, Francia España y Portugal pidieron al Consejo de Ministros de Transportes de la UE que respalde al resto de socios comunitarios en su intención de elevar ante la Organización Marítima Internacional (OMI) el reconocimiento de la jurisdicción de estos países para «defender» de buques como el «Prestige» áreas de hasta 180 millas desde las costas, en aguas británicas e irlandesas, los golfos de Vizcaya y Gasconia, la costa gallega y la portuguesa.
Desde las semanas posteriores al accidente del «Prestige», España ha obligado a unos 13 buques extranjeros sospechosos de causar daños medioambientales a abandonar su zona de exclusividad económica (ZEE) de 200 millas. Algunos armadores y gobiernos afectados creen que esta práctica viola el principio de libre circulación consagrado en el derecho marítimo internacional.
