Nueva ley contra el desperdicio alimentario: qué va a cambiar y cómo te afecta

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El objetivo: reducir un 20 % de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, y un 50 % de los residuos alimentarios en la venta minorista y de consumo para 2030. 

Aunque los esfuerzos y estrategias realizados hasta ahora han supuesto un impulso de cambio, esta ley representa el siguiente paso en el proceso de afrontar este problema —que tiene graves implicaciones éticas, económicas y medioambientales—, con normas que permitan atajarlo y sentar las bases para su erradicación. 

Para conseguirlo, esta ley se basa en los principios de eficiencia, prevención y jerarquía de prioridades, a través del fomento de la donación de alimentos, la educación y la concienciación sobre este tema. 

La nueva ley contra el desperdicio alimentario involucra a todos los operadores alimentarios, desde «el sector primario, incluyendo cooperativas y demás entidades asociativas, entidades o empresas de elaboración, fabricación o distribución de alimentos», hasta «comercios al por menor y empresas del sector de la hostelería o la restauración».

También atañe a «otros proveedores de servicios alimentarios, de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que presten servicios de distribución de alimentos donados, tales como los bancos de alimentos, y las administraciones públicas».

El compromiso para todos ellos es velar por prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario. Por si aún quedan dudas, en el texto se definen estos términos de la siguiente manera: 

• Desperdicio alimentario es la parte de los alimentos destinada a ser ingerida por el ser humano y que termina desechada como residuo. 
• Pérdidas de alimentos son productos agrarios y alimentarios que por cualquier circunstancia quedan en la propia explotación, ya sea reincorporados al suelo o utilizados para realizar compost in situ y cuyo destino final hubiera sido la alimentación humana. 

La ley se fundamenta en una jerarquía de prioridades, es decir, un orden de preferencias de obligado cumplimiento:

• En primer lugar, la prevención del desperdicio, que incluye su transformación. Por ejemplo, si sobra fruta en un centro agrícola, se elabora mermelada o confitura.
• Si esto no fuera posible, mediante la donación y redistribución de alimentos para consumo humano, se destinará a alimentación animal y fabricación de piensos.
• En último lugar, se procederá a su uso como subproducto en otra industria y al reciclado para la producción de compost o biodiesel. 

🔸 Para todos los agentes de la cadena alimentaria 

• Disponer de un plan para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario que contemple la forma en que aplicará esta jerarquía de prioridades. 
• Promover acuerdos para donar sus excedentes de alimentos a entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, contemplando condiciones y compromisos. 

⚠️ Se exceptúan, en ambos casos, las actividades de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria, hostelería o restauración desarrolladas en establecimientos iguales o inferiores a 1.300 metros cuadrados, microempresas y pequeñas explotaciones agrarias. 

🔸 Para los comercios minoristas de alimentación 

• Los comercios de alimentación con superficie igual o mayor a 400 metros cuadrados promoverán la oferta de productos presentados sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante envases reutilizables, para reducir el desperdicio alimentario y la disminuir la generación de envases. 
• Todos los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y bebidas, así́ como alimentos cocinados, deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables (bolsas, táperes, botellas, entre otros) adecuados para la naturaleza del producto y debidamente higienizados. Los consumidores serán los responsables de su acondicionamiento, y los recipientes podrán ser rechazados por el comerciante si están manifiestamente sucios o no son adecuados. 

🔸 Para las empresas de hostelería, restauración y otros proveedores de servicios alimentarios

• Facilitar al consumidor los alimentos que no haya consumido en envases de uso alimentario, reutilizables o fácilmente reciclables sin coste adicional alguno (excepto en lo relativo a los envases de plástico, que deberán cobrarse). 
• Informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o el menú́. 

⚠️ Los formatos de servicio de buffet libre o similares, donde la disponibilidad de comida no está limitada, no están incluidos en esta obligación. 

🔸 Para las empresas o entidades gestoras de caterings o comedores colectivos y sociales

En colaboración con los centros educativos o sociosanitarios, podrán establecer programas de sensibilización, educación y formación en la reducción del desperdicio alimentario dirigidos al personal de cocina y comedor, así́ como el personal del centro y sus usuarios. 

🔸 Para las empresas y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro dedicadas a la distribución de alimentos para la donación de alimentos 

• Garantizar la trazabilidad de los productos donados y mantener unas correctas prácticas de higiene en la conservación y la manipulación de los alimentos bajo su control, y sin olvidar facilitar la información necesaria al consumidor final.
• Realizar la donación y distribución de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, quedando expresamente prohibida su comercialización. 
• La nueva ley reconoce la “rebusca o espigueo” de alimentos que han quedado en el campo después de la cosecha principal, o de las cosechas sembradas no recogidas, con autorización del titular o titulares de la explotación, como una actividad complementaria sin ánimo de lucro destinada a prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario. 

🔸 Para las administraciones públicas 

• Fomentar la colaboración y la innovación para reducir el desperdicio alimentario, a través de la promoción de campañas de concienciación, guías de buenas prácticas y formación a consumidores sobre consumo responsable y aprovechamiento de alimentos. 
• Asesorar a empresas y entidades sociales en la redistribución de alimentos, impulsar nuevos negocios y la investigación en soluciones tecnológicas, garantizar la coherencia legislativa, medir el desperdicio y desarrollar programas educativos y de actuación para cumplir con la ley. 

Por otro lado, la ley establece otras medidas voluntarias como «buenas prácticas» para las empresas que venden alimentos al consumidor final y para el sector de la hostelería.

Además de mejorar la información y fomentar la venta de productos con imperfecciones y de producción sostenible, las empresas podrán aplicar estas medidas junto a las administraciones: 

• Infraestructura adecuada y protocolos específicos para minimizar el desperdicio. 
• Incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. 
• Fomentar la venta de productos «feos» o imperfectos, promover alimentos de temporada, proximidad y ecológicos, e informar sobre su seguridad y beneficios así como sobre su aprovechamiento. 
• Capacitación y sensibilización del personal en prevención y reducción del desperdicio. 
• Exposición de información sobre planificación de menús, reaprovechamiento, compra sostenible, fechas, almacenamiento y reciclaje. 
• Campañas de sensibilización sobre el impacto económico, social y ambiental del desperdicio. 
• Buenas prácticas comerciales para reducir pérdidas y desperdicio. 
• Apoyo a proyectos comunitarios de sensibilización y prevención del desperdicio, especialmente los que benefician a colectivos vulnerables. 

Respecto a las “buenas prácticas” para hostelería y proveedores de servicios alimentarios, las administraciones públicas junto con este sector podrán aplicar las siguientes medidas: 

• Fomentar la compra sostenible de productos frescos, locales y ecológicos, cuando sea viable. 
• Flexibilizar los menús, permitiendo al consumidor elegir guarniciones o el tamaño de raciones. 
• Promover la donación de alimentos con fines sociales y su redistribución. 
• Mejorar la separación de residuos orgánicos y facilitar la entrega de restos alimentarios para su adecuada gestión. 
• Formar y sensibilizar al personal en reducción de pérdidas y desperdicio. 
• Realizar campañas de concienciación sobre el impacto del desperdicio y el consumo responsable. 

Uno de los factores generadores de desperdicio es la confusión respecto a la vida útil de los alimentos. La ley establece la racionalización de las fechas de consumo preferente para contribuir a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Por ello, pide a las administraciones llevar a cabo acciones formativas y divulgativas sobre la correcta interpretación de las fechas de caducidad y de consumo preferente a las personas consumidoras, así como a agentes distribuidores y productores.

Además, les solicita que incentiven a los productores y fabricantes para que ajusten las fechas de consumo preferente de sus productos, hasta el máximo que garantice la adecuada calidad del producto y la seguridad alimentaria, promoviendo su investigación e innovación. 

• 📄 ¿Hasta cuándo es seguro comer un alimento?

La ley dispone de los instrumentos para el control de la reducción y prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, entre los que se recogen medidas de fomento de la autorregulación e implantación de buenas prácticas en toda la cadena alimentaria. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) medirá y analizará el desperdicio alimentario y el desperdicio del consumidor fuera de los hogares, con metodologías que permitan comparar de forma recurrente la evolución temporal en la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Además, en colaboración con las diferentes administraciones, llevará a cabo un informe anual en el que recogerá el resultado de la ejecución del Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario, donde incluirá las cuantificaciones realizadas. 

Finalmente, esta normativa establece el régimen sancionador, es decir, las multas por incumplimiento que oscilarán entre el simple apercibimiento hasta importes de 500.000 euros dependiendo de su gravedad.

Aunque la ley recién aprobada ya ha entrado en vigor, contempla un plazo de un año para permitir que los diferentes agentes implicados puedan adaptarse a los nuevos requerimientos y obligaciones. 

• Recibir información por parte de las administraciones públicas y de las empresas de la cadena alimentaria sobre las medidas para reducir el desperdicio alimentario en los hogares y la restauración, así como sobre los programas establecidos para la prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios. 
• Recibir información de las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, sobre las características, condiciones y estado de los alimentos que reciben como donación. 
• Llevarse de las empresas de la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios los alimentos que no haya consumido de forma gratuita, exceptuando el cobro por envases de plástico. 

👉 La ley invita a los hogares a colaborar mediante la promoción de un día semanal dedicado al aprovechamiento de sobras. Aunque esta ley no regula el desperdicio alimentario en los hogares, sí promueve la formación y concienciación de los consumidores a la hora de atajar el despilfarro doméstico.