Hasta 17 años debe esperar una persona que ha sufrido una imprudencia médica para conseguir una sentencia definitiva. Sólo el uno por ciento de las denuncias concluye en condena al facultativo a penas de prisión o de arresto. El resto se archivan o se desvían a la jurisdicción civil, donde sólo queda la posibilidad de cobrar una indemnización.
Ese es el tiempo que cuesta llegar a una sentencia firme, normalmente de los Tribunales Superiores de Justicia o del Tribunal Supremo, y que deben esperar los afectados o sus familiares para conseguir las indemnizaciones solicitadas por la muerte de un familiar o por las lesiones sufridas a raíz de la deficiente asistencia sanitaria recibida. Hasta entonces, en el caso de imprudencias graves, los familiares tampoco pueden conseguir que se condene con penas de prisión o de arresto de fin de semana a los facultativos negligentes.
No es lo habitual porque sólo una de cada cien denuncias presentadas por negligencias graves desemboca en una condena contra el médico imputado. El resto, o son archivadas por falta de indicios, desviadas a la jurisdicción civil o retiradas previo acuerdo indemnizatorio entre las partes, según estudios del Colegio de Abogados de Valencia. En estas vías, los afectados, como mucho, consiguen una indemnización económica.
Muchas personas utilizan la vía penal ante supuestas imprudencias médicas porque es «más rápido que el juzgado de guardia facilite el historial médico» y se investiguen de oficio los hechos, mantiene el letrado Ignacio García Cervera, responsable de la sección penal del citado colegio profesional. No obstante, la vía penal es la que más gravedad presupone a los delitos denunciados, por lo que muchas veces no puede demostrarse suficientemente que el médico abandonó de manera muy grave su deber de cuidado o no realizó las prácticas habituales de su profesión.
Las condenas, al tratarse de delitos de imprudencia ya sea con resultado de muerte o de lesiones graves, son pequeñas, como mucho de un año de prisión, inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión e indemnizaciones, que normalmente sí son cuantiosas.
La posibilidad de conseguir algo de dinero y el aumento de la concienciación a la hora de reclamar sus derechos han aumentado el número de demandas presentadas por ciudadanos ante supuestas negligencias médicas.
El responsable de la sección penal del Colegio de Abogados asegura que el aumento de las denuncias también afecta a los letrados y, en general, a cualquier profesional que tiene contratado un seguro privado. Esta opinión choca de frente con la de los afectados, que aseguran no moverse sólo por el «maldito dinero», sino que «estamos pidiendo otra clase de responsabilidad, algo más que dinero, como condenas sociales», sentencia Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente.
Esta asociación protesta además porque los jueces «se limitan a pedir la historia clínica o el informe del dictamen forense» y que los fiscales «no acusan».
