Los propietarios de viviendas culparon ayer al retraso de la Justicia de la escasa salida al mercado de pisos en alquiler, al considerar que la excesiva duración y el coste de los trámites jurídicos necesarios para expulsar a un inquilino moroso «atemorizan» a los posibles arrendatarios. La Administración, no obstante, confía en que la próxima reducción de los desahucios a un máximo de dos meses, merced a una nueva reforma en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), logrará equiparar el parque de casas arrendadas al que existía en 1991, es decir, un 15% del total.
Durante una jornada de estudio sobre la vivienda y su sistema jurídico, organizada en Madrid por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, los representantes de las comunidades de vecinos plantearon la necesidad de que se incluyan nuevas reformas legislativas que les ofrezcan una seguridad mayor a la hora de arrendar sus casas.
En este sentido, se propuso la creación de juzgados de vivienda que tramiten en exclusiva este tipo de pleitos e impidan que se «eternicen», además de la concesión de incentivos para los ayuntamientos que promuevan la creación de parques de viviendas públicas en alquiler, y el ofrecimiento de ayudas para las entidades que rehabiliten inmuebles para comercializarlos después en régimen de arrendamiento.
No obstante, la propuesta de los propietarios más polémica fue la penalización fiscal de las casas desocupadas, que serían gravadas a través del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para forzar su salida al mercado. En realidad, la fórmula ya es utilizada desde hace tiempo por varias provincias, aunque los resultados han sido desiguales. De hecho, persisten las dudas sobre la constitucionalidad de estas medidas, debido a la indefinición jurídica del concepto de vivienda vacía.
