Los costes de adquisición de una vivienda en España representan el 9,7% del importe total de la compra, según un informe

En este capítulo se incluyen el coste de los préstamos hipotecarios y los impuestos ligados a la transacción
Por EROSKI Consumer 1 de marzo de 2006

Un informe del Federación Europea de Hipotecas (EMF, en sus siglas en inglés) mantiene que los costes de adquisición de una vivienda, entre los que se incluyen principalmente el coste de los préstamos hipotecarios y de los impuestos ligados a este tipo de transacciones, suponen en el caso de España el 9,7% del importe total de la compra.

De esta forma, y según el estudio de EMF, que incluye los datos de once países europeos, España se encuentra entre los países con unos costes de adquisición de vivienda en relación con el importe total de la compra más elevados. En torno al 1,7% del importe total del gasto está relacionado en el caso de España con el pago del préstamo hipotecario, mientras que el 8% restante se debe a los costes de compra (impuestos, autorizaciones y registro de la propiedad).

Con el 17,1% del importe total de la compra relacionado con los costes de adquisición, Bélgica es el país con el porcentaje de costes más elevado, seguido de Grecia, con un 13%, y de Italia, con un 11,8%. Por el contrario, el país que cuenta con un menor porcentaje de costes de adquisición dentro del coste total de la vivienda es Reino Unido, con un 1,9%, por detrás de Suecia (2,4%), Dinamarca (3,3%), Polonia (3,8%) y Alemania (4,5%).

Los costes de la compra de una vivienda pueden tener dos efectos sobre los precios de la misma, según EMF. En primer lugar, pueden suponer que los precios de la vivienda se vuelvan inelásticos, es decir, podría aumentar su volatilidad. En segundo lugar, los costes de compran tienden a «desalentar las burbujas especulativas». Además, los elevados costes de adquisición pueden distorsionar los precios, lo que puede suponer una barrera para el funcionamiento eficiente del mercado.

EMF considera también que unos elevados costes de la vivienda perjudican la movilidad de los trabajadores, que no están dispuestos a afrontar dos veces los costes de compra de una vivienda, y considera, al igual que el Banco Central Europeo (BCE), que si fuera más fácil trasladar una residencia, mejoraría la flexibilidad del mercado laboral.

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