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Obligaciones del administrador

La ley exige que el administrador de fincas esté colegiado

Velar por el mantenimiento de una finca

La primera vez que se reconoció de forma oficial la figura del administrador de fincas fue a través de un decreto estatal en 1968 que dio paso a la creación del Colegio Nacional de Administradores de Fincas. Posteriormente se fueron creando a lo largo y ancho del país colegios autonómicos en los que hoy se agrupan los profesionales de este sector.

La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, en marzo de 1999, vino a poner orden en este ámbito y a establecer claramente el papel de estos gestores, personas o sociedades jurídicas (pero siempre conformadas por administradores titulados) que tienen la misión de asumir las tareas más complejas que depara la gestión de una comunidad de propietarios.

El 85% de los ciudadanos viven en régimen de comunidad de propietarios en España, según se explica en la Guía Didáctica sobre el funcionamiento de las Comunidades de Propietarios, editada por la Concejalía de Vivienda y Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de esa capital. Una comunidad, dice la guía, posee obligaciones legales y contractuales en función de los servicios de los que se beneficie la finca. Como elementos de “copropiedad” se citan, entre otros, las fachadas, los pilares, las vigas, el portal, las escaleras, los ascensores, las canalizaciones, las conducciones de agua caliente, sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos. También se establecen como elementos comunes las instalaciones de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las antenas colectivas.

El crecimiento de las ciudades, motivado por la creación de nuevos barrios o desarrollos urbanísticos, especialmente en las urbes más grandes de la geografía española, ha motivado que prolifere la figura del administrador de fincas, que es, a la postre, la persona encargada de velar por el buen funcionamiento del edificio. Son sobre todo las familias jóvenes las que deciden poner su comunidad en manos de un gestor. Lo habitual es que una vez que se cree la Junta Rectora se decida también si se contrata un administrador o no. En caso de que se prescinda de los servicios de éste, el cargo recaerá en el presidente de la comunidad. Sin embargo, tantas responsabilidades resultan, a veces, incompatibles con el quehacer cotidiano. Por eso es raro encontrar ya a un presidente que se dedique también a gestionar el edificio o conjunto residencial.

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