El Tribunal Supremo ha anulado la responsabilidad subsidiaria de «la Caixa» por el agujero patrimonial de 87,99 millones de euros provocado en la agencia de valores de Gescartera. Además, ha limitado la responsabilidad de Caja Madrid Bolsa y ha confirmado la pena de 11 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional al propietario de la compañía, Antonio Camacho, por delitos de apropiación indebida y falsedad documental.
La sentencia del Alto Tribunal implica que no todos los perjudicados se verán compensados por las pérdidas que sufrieron. La indemnización a los inversores, que será parcial, correrá a cargo de Caja Madrid, ya que el Supremo ha establecido que responderá sólo por lo que los responsables de Gescartera distrajeron «ilegítimamente» de sus cuentas durante el tiempo en que operó como depositaria de la agencia, es decir, desde noviembre de 1999.
Muchos pequeños ahorradores, no obstante, ya recuperaron parte del dinero desembolsado a través del Fondo de Garantía de Inversiones. La institución reintegró un total de 26 millones de euros a los clientes, con un tope máximo de 20.000 euros por inversor. Por otra parte, el fallo absuelve al director comercial de gestión de patrimonios y al asesor fiscal de Gescartera de las penas de prisión que les fueron impuestas.
Muchos pequeños ahorradores recuperaron parte del dinero que invirtieron a través del Fondo de Garantía de Inversiones
La Audiencia Nacional había condenado a Caja Madrid y a «la Caixa» a sufragar conjuntamente los 87,99 millones de euros que consideraba que se adeudaban a los 655 clientes de los que se tenía constancia fehaciente que habían invertido en Gescartera. La Audiencia entendió que ambas entidades habían coadyuvado de forma consciente al mantenimiento de la irregular operatoria de Gescartera. Tras estudiar los 22 recursos de casación presentados contra aquel fallo, el Supremo estima que José Alfonso Castro Mayoral, director de sucursal de «la Caixa» en la localidad madrileña de Majadahonda, y de Miguel Carlos Prats, subdirector, no deben ser considerados colaboradores necesarios de los responsables de Gescartera que emitieron dos certificados falsos para tratar de engañar al regulador de los mercados y evitar las inspecciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores iba a realizar sobre la agencia. Considera que los dos directivos operaron «desde el desconocimiento», y «la Caixa» no tiene que responder por ello.
En el caso de Caja Madrid, el Supremo limita su responsabilidad a lo «ilegítimamente distraído por los responsables de Gescartera condenados, del total de los recursos gestionados como depositaria, durante el tiempo de prestación de servicios». La agencia operaba desde 1992, y la actividad de Caja Madrid Bolsa con sus clientes arrancó el 10 de noviembre de 1999, con una operatoria que abarca unas 42.000 operaciones. Por tanto, la entidad de ahorro madrileña interpreta que la sentencia ha reducido «drásticamente» su responsabilidad civil al limitarla a 19 meses, lo que reduce la cifra de clientes afectados.
Estos usuarios deberán esperar años para la ejecución de la sentencia del Supremo, ya que la Audiencia Nacional debe encargar ahora informes periciales que acrediten qué cantidades se sacaron indebidamente de Caja Madrid y cuáles son los intereses desde 2001.
Los clientes afectados deberán esperar años para la ejecución de la sentencia del Supremo
La intervención de Gescartera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tuvo lugar en junio de 2001, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación.
Pedirán la nulidad
Los afectados por el caso Gescartera pedirán al Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia en caso de que no aclare por qué ha absuelto a «la Caixa» de la responsabilidad civil subsidiaria por su participación en el desvío de parte de los 88,99 millones de euros de la agencia de valores.
Por su parte, «la Caixa» ha declarado que «se ha hecho justicia» con la decisión del Alto Tribunal de absolver a sus dos empleados y anular su responsabilidad civil subsidiaria. En su opinión, la sentencia demuestra su «absoluto buen hacer» en el caso Gescartera.
