La pesca pirata mueve al año en el mundo 10.000 millones de euros, mientras que la Unión Europea importa pescado y marisco por valor de 1.100 millones procedentes de esta pesca ilegal, según el comisario de Pesca comunitario Joe Borg. Este negocio ilegítimo causa daños irreparables en las reservas pesqueras y el hábitat marino, además de poner en peligro el sustento de miles de pescadores honrados, especialmente en los países en vías de desarrollo. Por ello, la Comisión Europea ha propuesto recientemente un Reglamento para combatirla.
A pesar de llevar cinco años prohibida, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), como se conoce técnicamente a la pesca pirata, sigue siendo un gran negocio. El Reglamento propuesto por la Comisión, que deberá ser aprobado por los ministros de Pesca de la UE, pretende erradicar esta práctica no sólo en la flota europea, sino también en los barcos con bandera de terceros países que pescan ilegalmente en aguas comunitarias.
Entre las medidas apuntadas, destaca la prohibición de las importaciones de pescado capturado ilegalmente, incluido el comercio entre los países de la UE y los estados terceros que no cooperen, el endurecimiento de las normas para los trasbordos de pescado en aguas comunitarias o la elaboración de una lista negra europea de buques pirata. De prosperar la propuesta, se exigiría también un certificado que acredite que el pescado y el marisco han sido obtenidos legalmente, y que debería adjuntarse en toda la cadena comercial.
Asimismo, el comisario Borg ha anunciado para 2008 una propuesta que simplificaría los mecanismos de control en aguas comunitarias. En definitiva, el objetivo de estas propuestas es que esta práctica pierda su principal «atractivo», es decir, «el beneficio a corto plazo», según Borg, que ha afirmado que la Agencia comunitaria para el Control de la Pesca, cuya sede definitiva estará en la ciudad gallega de Vigo, puede jugar un papel clave.
Por su parte, las organizaciones ecologistas Greenpeace, el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF) y Oceana han valorado positivamente esta propuesta. No obstante, han recordado que se trata de un problema difícil de resolver. Según Oceana, «el uso de banderas de conveniencia, la falta de control y la connivencia por parte de algunos Estados miembro impide su erradicación».
Millones de pérdidas
Las asociaciones ecologistas destacan los estragos causados por la pesca pirata sobre algunos de los países más pobres del planeta, carentes de medios para patrullar sus aguas. Según Oceana, una veintena de países en vías de desarrollo y los denominados «estados fallidos», con gobiernos débiles, son incapaces de frenar esta actividad. Los países africanos, encabezados por Sierra Leona y Somalia, se situarían al frente de esta lista.
La pesca pirata roba a los pescadores legales de todo el mundo unos 6.900 millones de euros anualesPor su parte, Greenpeace estima que el África subsahariana es una de las zonas más afectadas del planeta, con pérdidas al año de unos 700 millones de euros por esta actividad, que roba a los pescadores legales de todo el mundo unos 6.900 millones de euros anuales. En este sentido, Greenpeace ha publicado la primera base de datos global de los buques incluidos en listas negras.
Asimismo, Oceana afirma haber documentado más de 150 embarcaciones francesas e italianas pescando ilegalmente con redes de deriva en el Mediterráneo. Según los responsables de esta asociación, se da además el agravante de que estas tripulaciones han recibido millones de euros en subvenciones para su reconversión, modernización, construcción o desmantelamiento. Por ejemplo, según esta organización, la mayor parte del pez espada importado desde Marruecos a la UE procede del uso de redes de deriva ilegales.
En este sentido, esta organización afirmaba el año pasado que los gobiernos de España, Francia e Italia «fomentan y toleran» la pesca ilegal, y mencionaba el caso del Puerto de la Luz, en las Canarias, como principal puerta de entrada en la UE de barcos pirata. Por su parte, los responsables del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) rechazaban tales acusaciones recordando las actuaciones de control «pioneras» de los responsables institucionales contra esta pesca ilegal, y afirmando que los datos que manejaba la organización ecologista eran antiguos.
En cualquier caso, la pesca pirata constituye un problema que afecta a la sostenibilidad futura de los recursos pesqueros. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 17% de los caladeros está en la actualidad sobreexplotado, el 7% agotado y el 52% se encuentra al máximo de su capacidad.
Imagen: Pat HermanLa Comisión Europea también presentaba una propuesta para que los buques comunitarios no puedan utilizar artes de arrastre en profundidades superiores a 1.000 metros. En el caso de las zonas pesqueras que quedan fuera de los límites regulados por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), se propone instaurar una autorización específica que garantice que los pescadores no perjudicarán el ecosistema.
Por otra parte, la organización que gestiona la pesca en el sureste del océano Atlántico (SEAFO en sus siglas inglesas) acordaba recientemente medidas para impedir la pesca pirata en esas aguas. Entre las medidas acordadas destaca el reforzamiento del control portuario, las inspecciones a los buques pesqueros, o el establecimiento de listas negras de buques ilegales como las que ya han puesto en marcha otras organizaciones regionales como la del Atlántico Norte (NAFO) o la del Atlántico nordeste.
