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Administradores de fincas

Aunque la ley no exige su contratación, es recomendable contar con una persona ajena a la finca que se mantenga imparcial ante las posibles controversias entre los propietarios

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 4 diciembre de 2008
Img pisos Imagen: Sergio

Figura controvertida

/imgs/2008/12/pisos.art.jpgLa figura del administrador suscita, con frecuencia, opiniones encontradas entre los propietarios de una comunidad: desde el consabido “cobra todos los meses y no hace nada” hasta el reconocimiento de que “es el único que logró poner orden en el edificio”; desde las acusaciones de no rendir cuentas, hasta los elogios por su paciencia y búsqueda de la armonía entre los vecinos. Más allá de la controversia, lo cierto es que la tarea del administrador ha ganado en complejidad desde que se reglamentó la profesión en 1968: la evolución de las comunidades y la ampliación y diversificación de los servicios requieren respuestas muy diferentes a las de hace 40 años. Y, aunque la ley no exige su contratación, es recomendable contar con una persona imparcial ajena a la finca ante las posibles diferencias que puedan surgir entre vecinos.

Determinar hasta qué punto es necesario contratar los servicios de un administrador externo a la comunidad implica analizar la situación desde tres perspectivas:

  • Legal: ¿la ley obliga a contar con un administrador?
  • Práctica: ¿su trabajo puede ser desempeñado por un propietario cualquiera, o requiere de conocimientos específicos?
  • Económica: ¿cuánto cuesta un administrador? ¿merece la pena la inversión?

Perspectivas legal y práctica

La Ley de Propiedad Horizontal 49/1960 -modificada por la Ley 8/1999– establece en su artículo 13 que las funciones del secretario y del administrador “serán ejercidas por el presidente de la comunidad, salvo que los estatutos o la junta de propietarios, por acuerdo mayoritario, dispongan la previsión de dichos cargos separadamente de la presidencia”. Por lo tanto, la ley no obliga a contratar a nadie y hacerlo responde a una decisión de los vecinos de la comunidad.

La ley no obliga a contratar a un administrador y hacerlo o no responde a una decisión de los vecinos

El mismo artículo agrega más adelante que el cargo de administrador podrá ser ejercido por cualquier propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas funciones. También podrá recaer en corporaciones y otras personas jurídicas. La cualificación y el reconocimiento legal que menciona la ley como requisito para poder desempeñar la función de administrador de fincas se obtiene de dos maneras:

  • Estando en posesión de alguno de los siguientes títulos: licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas, Empresariales, Veterinaria o Ingeniería Técnica Agrícola, Forestal o Agrónoma.
  • Cursando el plan de estudios de la Escuela Oficial de Administradores de Fincas, promovido por el Ministerio de Fomento e instrumentado por una docena de universidades españolas. La formación, de tres años, incluye contenidos de varias ramas del Derecho (inmobiliario, privado, administrativo, tributario), economía y contabilidad, sociología y planificación urbana, construcción y normas tecnológicas de edificación, gestión medioambiental, técnicas de reuniones y dirección de grupos, entre otros. Este corpus de conocimientos habla por sí solo de los desafíos a que se enfrenta un administrador en la actualidad. Según información suministrada por la Universidad de Alcalá de Henares, una parte significativa de los inscritos en la carrera son profesionales inmobiliarios en ejercicio.
  • Otro requerimiento legal para ejercer es estar colegiado.

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