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Edificios adaptados para discapacitados físicos

Las comunidades de vecinos están obligadas a costear las obras para adaptar los edificios donde viven minusválidos

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  • Fecha de publicación: jueves 26 febrero de 2004

¿Estaría dispuesto a desembolsar un dinero extra para instalar en la entrada de su casa una rampa que permita a su vecino, un joven en silla de ruedas, entrar y salir del edificio? Muchos asumirían, sin más, el coste de esa actuación. Sin embargo, otros se opondrían a pagar una obra que sólo beneficia a una minoría. Precisamente, para evitar situaciones de desigualdad, se ha elaborado la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, en vigor desde finales del año pasado, y que, entre otros aspectos, obliga a las comunidades de propietarios a costear, quieran o no, las obras de adaptación.

Normativa

En torno a diez millones de españoles, de los que tres millones y medio son discapacitados, se pueden beneficiar de la de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal. Esta normativa nace para garantizar los derechos de estas personas, adaptándolos a la realidad social actual y sirviendo de complemento a la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) de 1982.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) de 1999 ya establecía que no era necesaria la unanimidad de los vecinos de una comunidad para realizar adaptaciones, sino que bastaba con las tres quintas partes de los propietarios. Además, se facultaba a los discapacitados a llevar a cabo estas actuaciones, aunque contasen con la oposición de los demás propietarios. Eso sí, a diferencia de lo que dice la Ley de Igualdad de Oportunidades, tenían que costearlas con su propio dinero.

La nueva norma establece la obligación de las comunidades de propietarios para realizar las obras de adaptación necesarias, a instancias de los propietarios de viviendas en las que residan o trabajen personas con discapacidad, pagando, al menos, la cantidad equivalente a tres mensualidades, según el vicepresidente de Régimen Interior de la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid (Famma), Javier Font.

Pese a esto, hay quienes dudan de esta supuesta ventaja, puesto que si estamos ante una comunidad media de 40 copropietarios, el gasto acumulado de tres meses no es más de 6.000 euros (para el supuesto de una cuota mensual de 50 euros en una comunidad de 40 copropietarios) y, evidentemente, eso sólo da para salvar un par de escalones. Conviene tener en cuenta que una rampa con silla mecánica supera esa cifra, igual que la instalación de un ascensor, pudiendo alcanzar los 72.000 euros.

La Ley de Igualdad de Oportunidades establece, asimismo, que los poderes públicos deben adoptar medidas contra la discriminación y compensar las dificultades que tienen las personas con discapacidad (según la ley, “aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%”) para participar plenamente en la vida social, declara Font.

Por ello, se han dispuesto una serie de calendarios de adaptación. En el plazo de dos años es preciso que se establezcan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deberán reunir tanto las oficinas públicas como los bienes y servicios a disposición del público, los productos tecnológicos, los medios de comunicación social o los transportes, así como los espacios urbanizados y edificaciones. Una vez decididas las condiciones, serán de obligado cumplimiento en todos estos sectores.

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