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Inquilinos que no pagan

Siete de cada diez demandas por impago del alquiler acaban en desahucios

La relación entre propietarios e inquilinos no siempre es la más óptima. De hecho, como cualquier inversión, alquilar una vivienda implica unos riesgos, que, en ocasiones, pueden llevar al dueño del inmueble a recurrir a los tribunales para reclamar el pago de la renta. Estas demandas, más frecuentes de lo que puede parecer, suelen acabar en su mayoría con una orden de desahucio (siete de cada diez casos). La agilización del proceso judicial, que ha pasado de durar una media de dos años a seis meses, ha venido a respaldar al arrendador, quien, no obstante, ha de ser consciente de que sólo en casos muy puntuales se recupera el dinero adeudado.

Legislación vigente

De los más de 14 millones de viviendas que hay en España, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor de 11,5 millones son en propiedad; 1,6 millones en alquiler (poco más del 11% del total del conjunto de hogares), y el resto tiene otro régimen o no se especifica. Nuestro país se sitúa, por tanto, muy por debajo de otros lugares de Europa, como es el caso de los Países Bajos o Alemania, donde más del 50% de los habitantes paga una mensualidad por ocupar su vivienda. La media de domicilios arrendados en la UE alcanza el 35%, más del doble que en el territorio español.

La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que es la norma con la que se regulan los procesos civiles, entre los que se encuentran los impagos de alquileres, determinaba inicialmente que para reclamar el pago había que acudir siempre a un juicio escrito cuya resolución generalmente se dilataba mucho en el tiempo; según el vicepresidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga, Miguel Jesús Aguilar, de un año y medio a dos. Sin embargo, el gran porcentaje de casos en los que el inquilino no abonaba la renta establecida obligó a agilizar el procedimiento judicial y en 2000 se reformó la normativa, optando por juicios verbales rápidos y sencillos.

Pese a las modificaciones legales, a los propietarios aún les cuesta arrendar sus pisos deshabitados, puesto que siempre temerán que les dejen de pagar e, incluso, que les estropeen la vivienda. A ello se une, además, el hecho de que tener una casa en propiedad es un sentimiento muy arraigado en España.

Así, la principal medida para fomentar el alquiler no es tanto ofrecer ventajas fiscales al arrendador como permitir el desahucio inmediato en caso de impago, según señala Aguilar, quien matiza que formalizar un contrato por escrito otorga al propietario cierta protección jurídica en caso de que no le paguen. En los contratos legales es obligatoria una fianza en metálico, que suele equivaler a un mes de arrendamiento si la vivienda se usa como residencia, aunque en ocasiones los propietarios exigen cantidades por más tiempo o, incluso, un aval bancario que asegure el pago de las mensualidades.

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